Los grupos de la oposición en las Cortes de Aragón creen que el expediente del caso Euroresiduos debe hacerse llegar a la Fiscalía Anticorrupción, ante los "indicios" de posible trato de favor, información privilegiada y tráfico de influencias. Pero esta posibilidad supone una traba notable para lograr un acuerdo unánime en el dictamen que elabora la comisión de investigación del Parlamento, y que ayer no pudo cerrarse por las serias discrepancias sobre el alcance que debe tener.

La investigación en la Cámara autonómica por el caso Euroresiduos está llegando a su fin. Ayer se reunió de nuevo la comisión para elaborar el dictamen de conclusiones, que deberá someterse a la aprobación del pleno, pero los cinco diputados que la integran no pudieron concluir la redacción del texto. Las discrepancias que mantienen los grupos impidieron dar por cerrado el dictamen, del que apenas se hizo un esbozo que los partidos intentarán completar el próximo jueves.

IU y CHA han hecho pública su consideración de que el expediente debería trasladarse al fiscal especial anticorrupción, algo que el PP no vería con malos ojos y que PSOE y PAR creen excesivo. Cosa distinta sería si se hablara de trasladar la documentación a la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Aragón (TSJA), un punto sobre el que podría existir unanimidad según cómo quedase la redacción final del texto.

ESTUDIAR EL PLAN El dictamen, cuyas líneas maestras no se dieron a conocer, podría defender igualmente la necesidad de revisar el Plan de Residuos Peligrosos de Aragón 2001-2004, para aclarar alguno de sus extremos que podrían presentar cierta ambigüedad. Aunque también en este caso hay diferencias entre grupos por los términos en que debe plantearse esta exigencia.

Hay otras consideraciones sobre las que no acaba de cuajar una postura conjunta, como la creación de una empresa pública para gestionar estos residuos o la consideración de que Aragón no debe importar basura tóxica.

Pero dado que el Gobierno aragonés (PSOE y PAR) está en minoría, el dictamen será en buena medida diseñado por la oposición (PP, CHA e IU) si finalmente no se puede lograr un texto más o menos unánime.

Los tres partidos de la oposición quieren, según han declarado, que se revoque (mediante una revisión de oficio) la resolución del pasado abril por la que la Dirección General de Calidad Ambiental de la DGA autorizó a Euroresiduos la importación de restos peligrosos.

Las comparecencias políticas y empresariales celebradas ante la comisión no han sido definitivas en modo alguno. Por el contrario, sólo han permitido saber algunos detalles sobre esta polémica, originada cuando se conoció que Euroresiduos podía importar desechos y que dicha empresa (que tiene su vertedero tóxico en Zaragoza) había sido comprada por FCC por 24 millones de euros, diez veces del coste de la inversión inicial.

Aunque algunas revelaciones (como la de que FCC condicionó la compra a la obtención del permiso de importación) han llevado a la oposición a considerar que hay sospechas de actuaciones irregulares. Y, en cualquier caso, a afirmar que hubo responsabilidad política ante lo que califican de pelotazo .

PSOE y PAR son de la opinión de que esa responsabilidad está asumida porque el consejero de Medio Ambiente, Víctor Longás, dimitió y el director general de Calidad Ambiental, Jesús Villacampa, fue cesado.

Si no hay unanimidad, se votará el dictamen. Todos los puntos que obtengan mayoría serán incluidos en el texto final (es decir, los que quiera la oposición). Aquéllos que no se aprueben se podrán incorporar como votos particulares, que hacen constar la postura de quien los incluye. Los partidos están intentando, no obstante, dar forma a un acuerdo lo más amplio posible.

PROPUESTAS EXTERNAS Ayer, CCOO y las organizaciones conservacionistas Ansar y Ecologistas en Acción hicieron llegar a las Cortes sus opiniones a este respecto. Además de oponerse a la importación, cuestionan la falta de acceso a la información en esta materia, demandan la creación de una empresa pública para gestionar esta basura y reclaman la revisión del plan de residuos tóxicos. Igualmente, piden que se investigue a fondo, incluso solicitando la intervención de la Fiscalía.

Estos colectivos solicitaron comparecer en las Cortes, pero se consideró más oportuno invitarlas a trasladar sus opiniones por escrito.