El Gobierno aragonés condiciona avalar el crédito solicitado por el Real Zaragoza para cuadrar su presupuesto a la participación en la operación, y con idéntico porcentaje, del ayuntamiento, así como la inclusión de la firma de los accionistas de la sociedad anónima deportiva, de la que su presidente, Alfonso Soláns, tiene el 85% del capital. Para salvar la actual campaña y el déficit acumulado, el Real Zaragoza necesitaría entre 18 y 21 millones de euros (3.000 y 3.500 millones de pesetas), que los bancos y cajas de ahorros le deniegan.

Este diario intentó infructuosamente ponerse en contacto con el alcalde, José Atarés, o con el concejal de Deportes, Antonio Suárez, para conocer su postura acerca de la información que EL PERIODICO publicó en su edición del lunes.

EL FUTURO DEL CLUB El resto de los grupos municipales admitieron no tener noticia alguna sobre la petición, aunque afirmaron que habría que estudiar las condiciones, garantías y controles de dicha ayuda, "que demostraría la confianza de las instituciones en el futuro deportivo del equipo de fútbol de la ciudad". PSOE, CHA y PAR no quisieron pronunciarse pero admitieron que el Real Zaragoza significa algo más que una sociedad anónima al representar a toda una afición.

La llamada de socorro de Soláns se lanzó el pasado mes de septiembre, y desde entonces varios han sido los encuentros personales de los máximos responsables implicados. Sin embargo, no fue hasta el domingo pasado cuando el presidente del Zaragoza sorprendió con la noticia durante el el Vino de Fin de Año organizado por la Federación de Peñas, al que acudieron tanto el alcalde como Suárez, entre otros.

En la actualidad, el departamento de Economía del Gobierno aragonés trabaja en un informe económico sobre las cuentas del club que no estará concluido hasta mediados de enero. Además, y según la Ley de Hacienda, este aval deberá ser aprobado por la Comisión Económica de las Cortes, ya que computaría como deuda pública. Otra de las condiciones impuestas por el Ejecutivo autonómico sería la creación de un comité de vigilancia económica.