La oposición popular al trasvase del Ebro se materializó ayer con la entrega en el ministerio de Medio Ambiente de 60.000 alegaciones, recogidas en apenas un mes, contra la transferencia de aguas prevista en la ley del Plan Hidrológico Nacional (PHN) y su estudio de impacto ambiental.
En las alegaciones, los opositores al proyecto reclaman alternativas al trasvase, mayores medidas protectoras del delta del Ebro y auguran un gran impacto en las cuencas receptoras debido a la expansión de la plaga del mejillón cebra.
Un centenar de personas, entre representantes catalanes y aragoneses de la Plataforma en Defensa del Ebro y miembros de asociaciones ecologistas europeas como Seo/Birdlife, Greenpeace y Ecologistas en Acción, acudieron ayer a depositar las 30 cajas, atadas con el nudo antitrasvase, que contenían las alegaciones particulares, 39.000 de ellas procedentes de las comarcas del Ebro, directamente afectadas por el plan del Gobierno central. El resto han sido reunidas en Aragón, Barcelona, Valencia y otros puntos del Estado, informa Silvia Berbís.
El líder de la Plataforma en Defensa del Ebro, Manuel Tomás, encabezó un autobús fletado en Tortosa en el que viajaron unos 45 activistas antitrasvase de diversos municipios de la zona. Tomás y otros representantes del movimiento ciudadano fueron recibidos por dos altos cargos del ministerio, a quienes solicitaron la retirada del PHN y una mayor atención a la comunidad científica que alerta de los perjuicios medioambientales que ocasionaría la detracción de 1.050 hectómetros cúbicos de agua anuales del Ebro.
La Coordinadora Antitrasvase entregará en breve un documento más extenso en el que desarrolla sus alegaciones técnicas y jurídicas.
Cristina Monge, representante de la plataforma en defensa del Ebro de Aragón, destacó, por su parte, "el enorme esfuerzo que ha supuesto la recogida de estas alegaciones contra el estudio del impacto ambiental del PHN y el despropósito que supone desde nuestro punto de vista, por parte del Ministerio de Medio Ambiente, esa manera de pervertir el sentido de lo que debería ser un acto de democracia, de favorecer la participación de los ciudadanos para que pudieran aportar, sugerir y alegar a este estudio de impacto ambiental que se ha convertido en todo lo contrario, en un camino de trabas tanto en el momento en el que sale como en las escasas o nulas condiciones que se han dado para dialogar".
La ministra de Medio Ambiente, Elvira Rodríguez, señaló ayer en alusión a las alegaciones que suponía que serán "enjundiosas", y que en cualquier caso "serán analizadas para que el procedimiento discurra por los cauces adecuados". La ministra de Medio Ambiente aseguró que las miles de alegaciones de los diferentes grupos serán "contestadas, estudiadas, analizadas e incorporadas a nuestro proyecto las que estimemos oportunas".
