Si acumula varios años de pérdidas, cabe la posibilidad de revisar la concesión y de plantear aumentos de tasas o prórrogas en el tiempo de gestión. Pero si sus beneficios superan el porcentaje de rendimiento anual establecido, la adjudicataria de la estación de autobuses de Zaragoza se verá obligada a reinvertir en el complejo, todavía sin estrenar, una cuarta parte de esas ganancias extraordinarias.

Así figura en una de las cláusulas del pliego de condiciones elaborado para la convocatoria por la que el Gobierno de Aragón sacó a concurso la gestión y explotación de la estación de autobuses. Una cláusula que, de hecho, supone un contrapunto a las tradicionales de revisión al alza de este tipo de contratos.

La adjudicación definitiva de este contrato se firmó la semana pasada. La adjudicataria, Aragonesa de Estaciones de Autobuses, está formada por 18 empresas del sector que trabajan habitualmente en la comunidad, una unión empresarial que fue la única que concurrió a la convocatoria.

Según fuentes solventes, la previsión con la que trabaja la concesionaria es que su tasa de rendimiento anual se sitúe en torno al 10,15%. Por lo tanto, y según la cláusula establecida en el pliego de condiciones, la adjudicataria tendrá que reinvertir en el complejo de transportes un 25% de todos los beneficios extraordinarios, es decir, del dinero que ingrese por encima de ese porcentaje del 10,15% en caso de que eso suceda.

LO HABITUAL El contrato de concesión, lógicamente, también prevé la fórmula de trabajo habitual: en caso de que se acumulen pérdidas durante varios años, habría que revisar las condiciones económicas o temporales establecidas. Y es que la DGA determina las tarifas máximas que puede fijar la concesionaria. Serían dichas tarifas las que podrían modificarse al alza en caso de pérdidas continuadas. Otro método para compensar esos déficits sería aumentar el plazo de la concesión, que es de 24 años.

El Ejecutivo autónomo tiene intención de aprobar en breve --podría ser en el Consejo de Gobierno del martes o en el del 3 de octubre-- la autorización para formar parte de la sociedad de economía mixta que será responsable de la ejecución de este contrato. La DGA entrará en ese ente aportando 75.000 euros, un 15% del capital inicial (que será de medio millón de euros). También tendrá un representante en el consejo de administración. La participación de las empresas en la sociedad estará determinada por el número de autobuses y de viajeros. Aratesa, Ágreda y Alosa serán los socios mayoritarios.

De esta forma, el Gobierno tendrá cierto margen de actuación en la toma de decisiones relacionadas con la estación. No en vano es propietaria del complejo de transportes (por el que ha abonado ya nueve millones de euros al ADIF, el administrador de infraestructuras ferroviarias, ejecutor de la obra) y será la responsable última de los problemas serios de explotación o de las necesidades de remodelación de gran calado.

SOCIEDAD Esta sociedad mixta tiene que formalizarse en muy pocas semanas, pues se fijó el plazo de un mes desde la firma del contrato entre ambas partes.

La adjudicataria de la estación dispone de cinco meses para redactar y llevar a cabo un proyecto de acondicionamiento de instalaciones y locales, así como ampliar la atención al cliente durante todo el día y la noche, que le supondrá una inversión de 3,1 millones de euros.

Las principales actuaciones se tendrán que dirigir a la habilitación de superficies comerciales, vestuarios para el personal y sistemas de comunicación, señalización y seguridad, así como a subsanar las numerosas deficiencias existentes en el edificio.