Derribar los tres áticos de la calle Capitán Portolés, 6 de la capital aragonesa construidos ilegalmente hace 16 años costará casi 100.000 euros. El Ayuntamiento de Zaragoza ejecutará las obras de forma subsidiaria y exigirá después su cobro a los tres propietarios que debían haber ejecutado la demolición hace ya cinco meses. El Consejo de Gerencia de Urbanismo aprobará hoy el importe de estos gastos, estimados por los técnicos municipales en 97.561 euros.

Urbanismo informará de esta decisión a los tres vecinos de los inmuebles sobre los que se construyó el aumento de una altura y una buhardilla y a la comunidad de propietarios de este inmueble.

El equipo de gobierno PSOE-CHA dio cuenta el pasado 22 de junio de una sentencia firme, dictada por el Tribunal Superior de Justicia de Aragón (TSJA) en 1999, que concedía un mes de plazo a los propietarios de los últimos pisos del inmueble para su demolición. Casi seis meses después, no han movido un papel. Por ello, el ayuntamiento ha decidido actuar y ejecutar las obras de forma subsidiaria. Si los propietarios se negasen a abonar este dinero, el consistorio podría embargar sus bienes, ya que la sentencia del TSJA es firme.

Los áticos ilegales, convertidos en dúplex, han sufrido numerosas vicisitudes desde que en 1990 la empresa constructora Cotu SA, en la que participaban dos aparejadores municipales, los levantó con la excusa de una obra menor. Los vecinos creyeron que se estaban ejecutando trabajos de retejado porque existían filtraciones en el inmueble. El Ayuntamiento de Zaragoza incluso dio el visto bueno a estas tareas que la comunidad de vecinos había solicitado para reparar goteras.

Una vez finalizadas las reparaciones, la sorpresa de vecinos y responsables municipales fue mayúscula puesto que se encontraron con que lo construido aumentaba en cinco metros y medio la altura de la fachada. Uno de los aparejadores afirmó en su descargo que la comunidad había aprobado los proyectos a cambio de dinero. Más tarde, fue sancionado con un año de inhabilitación con suspensión de empleo y sueldo por falta muy grave.