La empresa Remolques y Caravanas Cadrete y María de Huerva, SL ha sido denunciada por el Seprona de la Guardia Civil por una infracción muy grave tras contaminar con disolventes tóxicos la red de alcantarillado público de Villanueva de Gállego, afectando los gases emanados la salud de la población de las viviendas más próximas. El fuerte olor que salía por inodoros y desagües causó picor en las vías respiratorias y dolores de cabeza a los vecinos, quienes dieron la voz de alarma. No obstante, finalmente no hubo que lamentar casos graves.
Los hechos, que constituyen uno de los episodios más graves de toxicidad de aguas ocurridos en los últimos años en Zaragoza, tuvieron lugar el pasado viernes día 5, y los Bomberos de Zaragoza tuvieron que intervenir y emplear unos 200.000 litros de agua para lavar las tuberías afectadas. La denuncia ha llegado al Gobierno de Aragón. Y la empresa se enfrenta ahora a una sanción económica que, según la Ley de Residuos, puede oscilar entre los 300.000 y los 1,2 millones de euros.
La investigación llevada a cabo por los agentes de la Benemérita y por los de la Policía Local de Villanueva sobre el origen de dicho vertido contaminante les llevó a la empresa de remolques y caravanas, ubicada en la calle Lorenzo Pardo. Allí, admitieron haber arrojado al alcantarillado de la localidad el disolvente, que, en principio, tenía acumulado desde hacía años y cuyo uso había desechado.
Los componentes del vertido eran a base de acetato de metilo, isobutanol, metanol y tolueno.
Aunque, en principio, la empresa aseguró que la cantidad vertida no había sido mucha, la contaminación fue tal que los mismos vecinos de la calle y de viviendas aledañas dieron la alarma mediante una llamada al teléfono 112 de SOS Aragón.
Asimismo, los gases afectaron también a las cámaras frigoríficas de una carnicería ubicada en la calle Cervantes de Villanueva. Aquí, los productos destinados a la venta para consumo humano que permanecían en dichas cámaras frigoríficas del establecimiento resultaron también contaminados.
CARNE NO APTA Así lo confirmaron los técnicos del Servicio de Higiene Alimentaria del Gobierno de Aragón que hasta allí se desplazaron para examinar los productos y declararlos no aptos para su consumo.
Toda esta mercancía tuvo que ser destruida por un gestor autorizado del Gobierno de Aragón.
De ahí que, además de la infracción por contaminación sobre la conducción pública de agua, que tendrá que estudiar el Departamento de Medio Ambiente, la empresa tenga que testificar ante las autoridades sanitarias competentes por los hechos.
Por su parte, la carnicería reclamará daños y perjuicios a la empresa por las pérdidas económicas sufridas como consecuencia de este vertido.
