En el año 2007, poco antes de que se pusiera la denuncia en el juzgado de La Almunia, los interventores municipales ya advirtieron en dos informes que la relación del ayuntamiento con la Sociedad Urbanística Municipal (SUM) podría acabar despatrimonializando al consistorio. Además, indicaban que el sistema de trabajo dificultaba tramitar de forma reglada los expedientes de trabajo. Concretamente, el 31 de diciembre del 2005, en las existencias de la SUM se incluían 32 millones de euros por ejecuciones de obra a favor del ayuntamiento que no habían sido encargadas ni acordadas en pleno.
