El Instituto Aragonés de Gestión Ambiental (Inaga) ha formulado declaración de impacto ambiental negativa a la concesión de la explotación Allepuz, en el municipio turolense del mismo nombre. La empresa Arcillas y Arenas Refractarias Pandols tenía previsto instalar este proyecto en una zona situada a ambos lados del río Alfambra y próximo al Sollavientos, lo que había despertado una gran oposición entre los vecinos de este territorio.
El informe señala que la propuesta, que contemplaba un movimiento de tierras de 10.525.650 metros cúbicos en una superficie de 98,95 hectáreas, con un flujo de camiones de más de 80 viajes al día durante 41 años, resulta incompatible con la conservación del medio natural.
El alcalde de Allepuz, Joaquín Villarroya, celebró esta noticia y aseguró que la satisfacción es "general", porque "no había nadie en la zona que estuviera de acuerdo". El primer edil insistió en que, según la experiencia de otras explotaciones, el pueblo no se habría beneficiado económicamente de un proyecto que "habría convertido esto en un paisaje lunar". "Si ya hay poca población, se habría extinguido completamente, porque lo que hace que aguanten estos municipios es el turismo", recordó.
La tramitación de este proyecto se remonta a junio del 2007, cuando la empresa formuló la solicitud al departamento. Esta actuación se enmarca dentro de un ámbito territorial donde se establece un régimen de protección para el cangrejo de río común. Así, el riesgo de provocar afecciones a esta especie justificaba la evaluación de los impactos.
ALEGACIONES Durante el periodo de información pública, a finales del año pasado, numerosos colectivos y particulares --como los ayuntamientos de Allepuz y Jorcas, la Plataforma Aguilar Natural o Ecologistas en Acción-- presentaron alegaciones. Estas incidían, sobre todo, en la posibilidad de que este proyecto rompiera el modelo de desarrollo económico sostenible que se venía impulsando a nivel local y comarcal, basado en la conservación de su patrimonio natural y cultural y en el fomento del turismo, además de causar molestias a la población y afecciones al medio natural. La Confederación Hidrográfica del Júcar estimó además necesario completar la documentación presentada sobre el dominio público hidráulico, mientras que la Dirección General de Patrimonio Cultural pidió una serie de medidas adicionales. La Dirección General de Carreteras, por su parte, confirmó que las vías no se verían afectadas.
El informe señala que la explotación sería visible desde las carreteras A-226 y A-228, así como desde los núcleos urbanos de Allepuz y Gúdar y las instalaciones turísticas. La empresa rechazó pronunciarse al respecto o adelantar si podría presentar un proyecto alternativo.
