Tampoco ayer hizo acto de presencia en Zuera ni en Daroca, en el segundo día de vigencia del convenio que privatiza la vigilancia exterior de las cárceles, el personal de las empresas de seguridad a las que el Ministerio de Interior ha adjudicado ese trabajo.
Fuentes policiales explicaron que, en principio, la incorporación de los vigilantes se producirá a lo largo de este mes de abril. Sin embargo, la Delegación del Gobierno desconoce en qué fecha comenzará el despliegue. La decisión, de hecho, corresponde a la cúpula del Ministerio del Interior que dirige Jorge Fernández Díaz.
El convenio suscrito hace unas semanas por Interior con una UTE de empresas de seguridad privada contempla que, a partir del 1 de abril, los vigilantes debían asumir el control del perímetro, los accesos, las garitas y los sistemas de cámaras de 21 centros penitenciarios españoles. Entre ellos se encuentran los dos de régimen cerrado de la provincia de Zaragoza.
El acuerdo por el que Interior adjudica el servicio a la UTE contempla que los vigilantes trabajen sin armas de fuego y, al menos inicialmente, bajo la supervisión de la Guardia Civil, fuerza que se ha encargado de la custodia de las dos cárceles desde su entrada en funcionamiento.
PRUEBA Medios policiales dan por hecho que este sistema mixto de seguridad público-privada se mantendrá por un periodo de seis meses y que, una vez transcurrido ese plazo, Interior valorará su funcionamiento para mantenerlo, incrementar la presencia de vigilantes o reducirla.
La puesta en marcha de ese modelo provocará el cambio de destino del centenar de guardias civiles destinados en la actualidad a la custodia de las dos cárceles zaragozanas. Los mandos del instituto armado intentarán que ninguno de ellos tenga que salir de la provincia de Zaragoza.
Las previsiones de Interior apuntan a que en Zuera trabajen 24 guardas de empresas de seguridad privada.
Esta modificación de la vigilancia de los penales ha provocado las protestas tanto de los guardias civiles como de los funcionarios de prisiones.
Así, la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC, mayoritaria en el cuerpo) considera el modelo mixto como una "barbaridad" cuyo único objetivo es privatizar un servicio público de carácter esencial como la seguridad.
ACAIP (Agrupación de los Cuerpos Administrativos de Instituciones Penitenciarias) también mostró hace unos días en un comunicado su rechazo a la iniciativa de Interior.
