La paralización de las obras de remodelación de La Romareda siguen trayendo cola a pesar de que ya han pasado varios años. Sobre todo para la concesionaria del aparcamiento subterráneo de la plaza Eduardo Ibarra, Isolux-Corsán, que sigue en su empeño de arrancar una indemnización millonaria al Ayuntamiento de Zaragoza, por más que los tribunales siguen sin darle la razón. Aunque, lo cierto es que tampoco se la quitan. El último episodio llega de la mano de un auto en el que el magistrado deniega a la empresa su petición de que se le paguen unos 16 millones de euros por los daños causados en los diez primeros años del contrato firmado. Por contra, el juez determina que deberá ser el propio ayuntamiento que analice la viabilidad de la concesión y el posible perjuicio económico ocasionado.
El consistorio ya se ha puesto a trabajar en ello y, aunque no ha puesto fecha el juez para presentarlo, deberá analizar todos los aspectos que confluyen en la concesión, en el momento en el que se firma con Isolux-Corsán y después, a raíz de la paralización de las obras de remodelación del estadio, el posterior abandono del proyecto y la apuesta por la construcción de un campo nuevo en San José. Las expectativas de negocio distan mucho de las iniciales pero el ayuntamiento siempre ha visto desproporcionadas las pretensiones de la concesionaria.
En su primera petición al juez, Isolux-Corsán había reclamado una cantidad cercana a los 20 millones de euros, por el perjuicio causado a los tres primeros años de la concesión. Se lo denegó un juez. Posteriormente recurrió esa resolución, revisó su estudio de viabilidad y acabó reclamando unos 16 millones de euros, según aseguraron fuentes municipales, por la afección a los diez primeros años.
