La DGA creará un observatorio para trabajadores de la dependencia

El Gobierno de Aragón creará un observatorio para controlar y vigilar las condiciones laborales de los trabajadores del sector de la dependencia. La consejera de Ciudadanía y Derechos Sociales, María Victoria Broto, se comprometió a ello en la reunión que mantuvo, el pasado jueves, con CCOO después de que el sindicato denunciara la «precaria» situación de los profesionales y exigiera, una vez más, la revisión de las ratios -número de trabajadores por usuario-.

CCOO, que consideró ayer «un avance» la creación de un observatorio que englobe las condiciones laborales de las trabajadoras del sector, volverá a reunirse con la consejera en septiembre «para comenzar a materializar la propuesta de este sindicato», subrayaron ayer desde el colectivo.

Asimismo, la actualización de la ratio de trabajadoras se abordará que, como CCOO solicitó, contará con la participación del sindicato, cuya secretaria general de la federación de Sanidad, Delia Lizana, agradeció el «compromiso» de la consejera «ya que supone un avance importante para este sector».

En este sentido, CCOO planteó que los compromisos deberían materializarse antes de que acabe la legislatura.

Por otra parte, la propia consejera valoró ayer el avance en la atención a la dependencia en Aragón que refleja en su informe la Asociación de directores y gerentes de los servicios sociales (ADYGSS), pero denunció «la soledad presupuestaria» y el incumplimiento del Estado en la financiación.

Broto, quien visitó las instalaciones del Hogar de Mayores y Centro de Día en el barrio zaragozano de Delicias, mostró su satisfacción por los datos que, como avanzó ayer este diario, revelan que Aragón es la comunidad que lidera el incremento en la atención a las personas dependientes, con un aumento del 41,92% en lo que va de legislatura frente al 21,8% en el conjunto del sistema. «Nos alegra porque refuerza nuestra apuesta clara, tanto presupuestaria como de gestión de la dependencia», señaló Broto, que insistió en que «también nos refuerza en nuestra exigencia para que el Gobierno de España cumpla con la ley de pendencia en relación con la financiación».

Broto recordó que el Gobierno de Javier Lambán ha atendido en estos dos años a 7.000 personas nuevas en el sistema «pero con la nula aportación del Gobierno de España, porque recibimos lo mismo que cuando llegamos, 31 millones», cuando el gasto que la dependencia genera para el Ejecutivo autónomo es de 100 millones de euros, por lo que pidió que el Gobierno central cumpla la ley aportando el 50 % que debe.