La consejera de Ciudadanía y Derechos Sociales del Gobierno aragonés, María Victoria Broto, ha reiterado hoy el compromiso de la administración autónoma con las familias de acogida que opten por desarrollar sus proyectos de vida en la Comunidad de Aragón.
La responsable político ha hecho esta manifestación durante una visita al Dispositivo de Acogida a Refugiados en Jaca, que gestiona la Iglesia Evangélica Española a través de la Asociación Diaconía y por el que a lo largo de este año han pasado cincuenta personas.
Se trata de un proyecto nacional perteneciente al Programa de Acogida a Solicitantes y Beneficiarios de Protección Internacional del Ministerio de Trabajo, cuyos resultados ha valorado la consejera al estar actualmente la tasa de inserción social de estas personas en un 60 por ciento.
Broto se ha referido al protocolo de acogida en Aragón, "con el que se pone a disposición de las familias refugiadas y de las entidades que lo gestionan todos los servicios del Ejecutivo aragonés que así lo requieran, ya sean educativas, sanitarios o de cualquier otra índole".
El objetivo último, ha señalado la consejera, es colaborar con el Gobierno de España y con las entidades conveniadas para que las personas desplazadas "sean bien acogidas y con todas las garantías, porque esto ayuda a su normalización y su inserción en los lugares de acogida en los que deciden desarrollar su proyecto de vida".
Por su parte, la coordinadora de la Asociación Diaconía, María José Venceslá, ha explicado que en 2019 se han atendido en Jaca a medio centenar de personas, procedentes de Siria, Venezuela, Ucrania, Colombia o El Salvador y entre las que se encontraban 14 menores pertenecientes a 21 unidades familiares.
Venceslá ha señalado que las causas que han obligado a estas familias a abandonar su país de origen "son muy diversas, si bien destacan quienes son perseguidos por su orientación sexual, por militancia en partidos políticos contrarios al gobierno o por conflictos bélicos".
En Aragón, desde 2015 el número total de personas recibidas a través del Programa de Acogida e Integración para solicitantes y beneficiarios de protección internacional asciende a 2.373 (hasta el 30 de septiembre de 2019) procedentes de hasta 65 países diferentes.
La mayoría proceden de Venezuela, Siria, Colombia, Ucrania, Georgia, El Salvador, Palestina, Honduras, Guinea Conakri, Costa de Marfil, Rusia, Nicaragua, Camerún, Albania o Marruecos.
En la actualidad, el número de personas que se encuentran activas en el programa, en cualquiera de sus fases, asciende a 1.359, de las que un total de 370 son menores de 16 años que han sido escolarizados.
