El litigio por el pago de la deuda del tranvía está lejos de resolverse. Los servicios jurídicos del Gobierno de Aragón han presentado un recurso de casación ante el Tribunal Supremo al no compartir los argumentos de la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Aragón (TSJA) del pasado 6 de noviembre que le condenaba a pagar los 33,5 millones de euros por las obras del tranvía de la capital aragonesa, la totalidad del impago denunciado, más las costas del proceso judicial. Con el recurso de casación presentado por la DGA, de momento, el abono de esta cuantía queda en suspenso hasta que se pronuncie el Alto Tribunal con una sentencia que será firme.

El principal damnificado por este recurso, el Ayuntamiento de Zaragoza, que ya no podrá contar en el corto plazo con esos más de 33 millones, declinó valorar la decisión del Ejecutivo autonómico. Ello a pesar de que la sentencia del TSJA se vivió hace poco más de un mes como una victoria en la casa consistorial y el alcalde de la ciudad, Jorge Azcón, aseguró que el presidente aragonés, Javier Lambán, estaría dispuesto a sentarse y a «negociar un calendario» para el abono de la deuda. Pero en este tiempo los dos dirigentes no han compartido mesa y, tras el recurso, tampoco habrá negociación del calendario de pagos.

En este sentido, fuentes del Gobierno de Aragón señalaron que el recurso «es un asunto jurídico; no una cuestión política». La discrepancia es económica, recordaron, porque «la Intervención y los servicios jurídicos interpretan que es una subvención, y el Ayuntamiento de Zaragoza, que es un convenio». Así las cosas, con el proceso iniciado en el Supremo, cuesta saber cuándo se resolverá este litigio que se alarga ya más de diez años.

Este conflicto parte de un acuerdo de consenso, de los que se daban antes entre la DGA y el Ayuntamiento de Zaragoza, cuando en el 2009 firmaron un convenio por el que ambos se comprometían a cofinanciar la línea Valdespartera-Parque Goya del tranvía de la capital. En ese pacto, se pautaban una serie de anualidades para que el Ejecutivo autonómico aportara 58.303.500 euros a la obra, de los cuales solo ha abonado 24.758.415 euros. En el 2013 dejó de pagar la anualidad, casi diez millones, y tampoco atendió la del 2014 (otros 10) ni la del 2015 (otros casi 5).

Tras dos años de trifulca política, en el 2017 el Gobierno aragonés decidió finiquitar ese convenio con un acuerdo unilateral que fijaba en 8.715.090,21 euros, que amplió a 8.987.048,32 en marzo del 2018, y que ya ha abonado. Con esa cuantía, defienden desde el Ejecutivo autonómico, está saldada la deuda.

Sin embargo, el TSJA le quitó la razón y ahora será necesario esperar, seguramente años, para conocer la respuesta, que ya será en forma de una sentencia firme sobre la mesa, del Tribunal Supremo.