El alcalde de Cosuenda niega haber falsificado el documento de una actuación urbanística

El alcalde socialista de Cosuenda, Óscar Lorente Sebastián, reconoció ayer ante la Audiencia de Zaragoza que puso el nombre de la auxiliar administrativa y la palabra “accidental” en un expediente relacionado con la construcción de un tramo de la variante de la localidad, pero aseguró que él no falsificó ningún documento. Lo hizo “cubriendo unos puntos suspensivos dejados en el documento por los técnicos” que le asesoraban, “al no saberse en aquella fecha del 2019 qué secretario había en el pueblo tras la marcha del que había”, y que el escrito había sido certificado.  

Según la fiscal y la acusadora particular María Jesús Sariñena, Lorente podría haber incurrido por ello en un delito de falsedad documental por el que se enfrentaba a entre cuatro y seis años de cárcel. Asimismo, se le imputa un delito de prevaricación, con peticiones de pena de cuatro a 15 años de inhabilitación por otro supuesto delito de prevaricación. Sin embargo, la fiscala, tras terminar el juicio ha rebajado la petición de cuatro años de cárcel a uno de inhabilitación, por considerar que la supuesta irregularidad era de menor entidad.

El abogado de la defensa, José María Sanz, que pidió la absolución, aseguró que “hubo que llamar a la fuerza pública” para poder llevar a cabo la expropiación. Y le señaló que el ayuntamiento debió pagar el arreglo de una calle cuando se hundió una bodega propiedad del testigo. Sanz hizo hincapié en que el expediente se elaboró según establecen las normas legales.

Lorente, que es alcalde sin interrupción desde 1995, afirmó que su trabajo se veía dificultado por la ausencia de secretario municipal al cesar el que había estado en la corporación durante más de 20 años, lo que dio lugar al paso de profesionales que estaban poco tiempo, en una ocasión solo un día. pues aceptaban la plaza y automáticamente solicitaban el cese. Además, el expediente se vio ralentizado por la necesidad de incluir georreferencias.

La auxiliar administrativa, S. M. E., que declaró como testigo, señaló que ella “no estaba preparada para firmar un documento tan complicado”, relacionado con una actuación urbanística, y aseguró que en el expediente en cuestión figuran dos firmas que no son suyas. Asimismo, señaló que desconocía el contenido del documento que le fue presentado por el alcalde, que es también diputado provincial en la DPZ. Lorente mantiene otro asunto judicial con la auxiliar en relación con la colocación de datos de la misma en el tablón de anuncios del consistorio. “Me negué a decir que la firma era mía”, explicó de nuevo la funcionaria. Además, la auxiliar reconoció las firmas de las georreferencias, un total de 74.

"Por enemistad"

Lorente explicó que se trataba de “un diligenciamiento, una compulsa”, que lo hizo todo la auxiliar administrativa, y que él lo llevó al Registro de la Propiedad "debidamente certificado". A preguntas de las acusaciones, el alcalde señaló que la auxiliar "actuó guiada por su enemistad hacia mí", explicando que había solicitado dos veces la promoción y que el consistorio se había dirigido a la Diputación de Zaragoza para informarse sobre el procedimiento.

Uno de los propietarios de terreno, Andrés Redondo, que compareció como testigo, recurrió y el caso fue a lo contencioso-administrativo, donde se acordó darle una indemnización de 12.000 euros. Redondo dijo que su propiedad había sido objeto de una operación urbanística “por las buenas” y que supuso la eliminación de elementos, como un murete y una puerta. Eso, a su vez, le ocasionó distintos gastos, añadió. “Tiraron la puerta y el vallado sin autorización”, afirmó el testigo, que acusó al alcalde de actuar para perjudicarle. “Me ha perseguido con ensañamiento”, afirmó.

El ministerio fiscal ha rebajado su petición inicial de pena al considerar que la falsedad documental denunciada carecía de "especial trascendencia" al destinarse a solucionar una calificación negativa del Registro de la Propiedad.