Tras las movilizaciones desarrolladas en los últimos días en Teruel contra proyectos de energías renovables en zonas sensibles, la consejera de Presidencia y Relaciones Institucionales del Gobierno de Aragón, Mayte Pérez, subrayó este lunes que existe «dos limitaciones absolutas» sobre las que pivota la ejecución o no de este tipo de inversiones como son «el cumplimiento de la legalidad y la oposición del territorio».
«Ante estas dos cuestiones no tenemos nada más que decir», recalcó, al tiempo que instó a una «escucha activa» de quienes viven en el medio rural. Así lo señaló tras reunirse con representantes empresariales e institucionales de la comarca del Matarraña, donde existe un importante rechazo a la instalación de parques eólicos.
En este sentido, defendió que si un ayuntamiento no quiere que se implanten parques eólicos en su término municipal no se hará, como así «hemos visto claramente», apuntó, en un caso reciente en alusión al de Mosqueruela, cuyo consistorio ha rechazado la instalación de varios parques eólicos de Forestalia. A su juicio, «lo diga la gente del territorio y quien vive aquí» es determinante para la puesta en marcha de instalaciones de energías renovables, ya que son ellos quienes «han apostado por quedarse» en su pueblos. «Nadie de fuera tiene que decirles cómo tienen que vivir y que es lo beneficioso y perjudicial como si no fuesen autónomos», aseveró.
La consejera recordó que este tipo de proyectos deben pasar «por el filtro» del Inaga (Instituto Aragonés de Gestión Ambiental), que es «garantista» y riguroso en la concesión de autorizaciones. Eso sí, rechazó la «polarización» que se está generando en este asunto porque «no nos lleva a ningún sitio».
