La “mala gestión” que llevó a la desaparición de Caja Inmaculada, que fue absorbida por Ibercaja en el 2014 ante la imposibilidad de seguir en solitario, ha sido “heredada” por la dirección de la Fundación CAI, que viene dando continuidad desde hace siete años a la obra social de extinta entidad de ahorros. Así lo denunciaron este martes trabajadores de la institución y representantes de UGT, que reclamaron la retirada del ere planteado para el despidos de 16 de los 34 personas que forman la plantilla y la continuidad de los tres centros que se quieren cerrar, como son la centenaria biblioteca Mariano de Pano de Zaragoza y las sede de Huesca y Teruel.
“La solución no puede pasar únicamente por el despido de unos trabajadores que han estado aportando su profesionalidad y su implicación personal durante tantos años”, aseguró Victoria Camarena, asesora sindical de los trabajadores y responsable de UGT en Ibercaja, que ofreció una rueda de prensa junto a Daniel Aguelo, portavoz de la plantilla, y otras tres trabajadoras de los centros afectados por los cierres.
La parte social criticó la "gestión catastrófica" de los últimos años y reivindicó la labor social y cultura que ha venido desarrollando la fundación y la obra social predecesora a lo largo de larga trayectoria, algo que, a su juicio, se quiere echar por la bordar sin buscar otras soluciones como la venta de parte del valioso patrimonio con que cuenta la o la renegociación de los “convenios en precario” que mantiene con otras entidades.
“Prefieren prescindir de su gente en lugar de hacer una reestructuración en profundidad de los jugosos convenios que han venido firmando en estos años”, lamentaron. Recordaron que esta manera de proceder se produce en una entidad en manos de Acción Social Católica (ASC), que “se basa en la doctrina social de la iglesia", por lo que hicieron un llamamiento a las Administraciones para que “tomen cartas en el asunto”.
Como ejemplos de estos desmanes, señalan las «ayudas monetarias a terceros» que se han seguido haciendo. En el 2019 y el 2020 superaron los 500.000 euros y en el 2021 figure una partida de casi 140.000 euros, de los que 84.000 son para Acción Social Católica.
Mínimas indemnizaciones
En cuanto a la negociación del ere, Aguelo consideró que la fundación está ofreciendo unas condiciones “inaceptables”. Por el momento, las indemnizaciones por despido ofrecidas son de 23 días por año trabajado con un límite de 23 mensualidades, lo que supone poco más del mínimo legal (20 días con 12 meses). En este sentido, lamentó que no se contemple la voluntariedad en las salidas ni la posibilidad de llevar a cabo prejubilaciones para los mayores de 55 años, algo que permitiría paliar los daños del ere.
Según Camarena, la dirección y los órganos de gobierno de la fundación “no se han implicado en la gestión” y ha heredado las “peores" maneras y el “mal camino” que acabaron con la CAI. “Se han quedado con los bienes de la caja y, en lugar de gestionarlos, han pretendido seguir igual”, lamentó. “Ellos quieren seguir manteniendo el patrimonio y no vender nada, en lugar de mantener a los trabajadores y la actividad social y cultural”, agregó.
En este sentido, abogaron por promover una cesión a otras entidades, como la Fundación Ibercaja, de la gestión de la biblioteca o los centros que se clausurarán en Huesca y Teruel para reubicar a los trabajadores afectados.
Gastos "desproporcionados"
Por otra parte, Aguelo hizo un repaso cronológico de las razones que han llevado a esta situación en la fundación, que inició su andadura en diciembre del 2013 con el mismo equipo directivo de la obra social de Caja Inmaculada, con María González a la cabeza. “A pesar de que los ingresos caen en picado se sigue con la misma política y mismas directrices de cuando tenía el respaldo de la CAI detrás”, explicó. Esto provocó pérdidas constantes que no se trataron de subsanar y “gastos desproporcionados”.
El proceso de renovación que se realizó en el 2019, con el cese de cinco trabajadores de la dirección que se integraron en la estructura de Ibercaja y el nombramiento de una nueva cúpula, fue visto con “esperanza” por la plantilla. Sin embargo, agregó, nada cambió y siguió sin haber “un proyecto definido”, ni se trató de conseguir “un ingreso mínimamente relevante” fuera de los obtenidos por la posición de accionista de Ibercaja Banco. Los cambios introducidos solo sirvieron, apuntó, para “asegurar una presencia hegemónica de Acción Social Católica en el patronato y conseguir, de esta manera tener acceso a su masa patrimonial.
A este respecto, el portavoz de la plantilla subrayó que la fundación no ha suscrito convenio alguno con entidades públicas o privadas que pudiesen hacer aportaciones de relevancia para el proyecto, ni siquiera ha habido "un esfuerzo real para la obtención de ayudas o subvenciones en concurrencia competitiva”.
