Unos 38.000 trabajadores interinos de la administración aragonesa están llamados este viernes, día 18, a la primera huelga que convoca el colectivo en toda España, para rechazar la reforma impulsada por el ministro Miquel Iceta y la consolidación de los puestos frente a los despidos indiscriminados.
En Aragón, de los 38.000 empleados temporales de todas las administraciones (locales, autonómica y central) y de todos los sectores, unos 20.000 han superado el límite legal de tres años y podrían perder su empleo en los "falsos" procesos de estabilización, que ni corrigen la temporalidad ni sancionan a las administraciones como reclama la UE sino a los propios trabajadores abusados, denuncian los convocantes de la protesta en una nota de prensa.
Los sindicatos representativos de la administración recuerdan que la UE prohibió en 1999 la contratación temporal para cubrir plazas permanentes, de modo que se comete un fraude si se mantiene a un empleado cubriendo una plaza temporal por más de tres años. También está establecido que la temporalidad en el sector público no debería pasar del 8% cuando en algunas administraciones aragonesas suponen más del 50% de la plantilla (el 48,4% en la DGA) aunque la media ronda el 30%. Los sindicatos que defienden a los interinos calculan que en España unos 800.000 trabajadores están en fraude de ley, de ellos esos 20.000 en Aragón, aproximadamente dos de cada tres.
Aunque distintas sentencias del Tribunal de Justicia de la UE han fallado que se debe no solo acabar con esta situación, sino sancionar a los responsables y resarcir a quienes han sufrido el abuso, la plataforma denuncia que el Gobierno central pretende una reforma del EBEP (Estatuto Básico del Empleado Público), que "todavía agravaría y precarizaría más el sector público, sin reconocer a los trabajadores actuales en fraude".
Contrato fijo y sanciones
Es por lo que los sindicatos convocantes de las movilizaciones reivindican la conversión en fijos de esos trabajadores en abuso de temporalidad, por ser una solución sin coste y a la vez sanción para las administraciones abusadoras, de acuerdo con la normativa y jurisprudencia de la Unión Europa.
En rechazo a la medida, en Aragón el viernes está prevista a las 11.00 horas una manifestación en Zaragoza, desde plaza de España a la del Pilar, y concentraciones en Teruel y Huesca, y previamente otras en diversos puntos de la capital aragonesa (08.30 horas en el hospital Miguel Servet, 09.30 en el edificio Paraninfo de la Universidad de Zaragoza y 10.00 en el edificio Pignatelli).
En el sector de Sanidad aragonesa el número de temporales supera incluso al personal fijo y, según los últimos datos oficiales, sobre un total de 27.909 empleados hay 14.912 (53,43 %) que son temporales y el 34% de los médicos. En el caso de la Universidad de Zaragoza, hay 2.567 profesores e investigadores con vinculación temporal, el 57,20% sobre un total de 4.488. En la Administración General del Estado, de 11.998 trabajadores que hay, 5.691 son temporales, lo que eleva el porcentaje de temporalidad al 47,43% del total.
'No somos de usar y tirar', el lema
Las protestas se celebran con el lema 'No somos de usar y tirar', para reivindicar que "mientras el Gobierno ve la paja en el ojo ajeno" y anuncia medidas contra la precariedad en el sector privado, se propone fulminar sin ninguna consideración a los temporales públicos, tras décadas de servicios.
Con motivo de la convocatoria de huelga, hasta este miércoles se han negociado servicios mínimos en la educación no universitaria, en Sanidad, en la Administración general y en la Justicia, la Universidad de Zaragoza y la empresa pública Sarga. A petición de ISTA, la administración ha aceptado que al estar especialmente convocado a la huelga el personal interino y temporal, se dicten instrucciones para que los "servicios mínimos" se nombren entre el personal funcionario de carrera, y el personal laboral y estatutario fijo. No obstante, en la educación no universitaria se nombrarán servicios mínimos entre el profesorado interino, dado que en algunos centros del medio rural son el 100 % de la plantilla y en otros representan un porcentaje muy elevado, informan los sindicatos.
