Centenares de interinos de los distintos niveles de la Administración, convocados por cinco sindicatos, entre ellos ISTA y STEA, están protagonizando hoy un paro en Aragón para protestar contra la Ley Iceta, que prevé cambios en la función pública que perjudican a este colectivo, entre ellas la convocatoria de unas "falsas oposiciones" de consolidación de la plaza.
Bajo el lema de "¡Fijeza ya!" se han concentrado a las 11 de la mañana en la plaza de España de la capital aragonesa con pancartas contra los "despidos ilegales" y llevando algunos de ellos caretas de Miquel Iceta, ministro para las Administraciones Públicas.
Esta situación afecta en la comunidad aragonesa a unos 30.000 trabajadores y trabajadoras del sector público, tanto en sanidad como en educación como en la Administración general.
El impacto se ha dejado sentir en Zaragoza y, sobre todo, en el medio rural, donde la tasa de temporalidad es más alta y el empleo público es más precario y los servicios tienen menos personal. Se han visto afectados servicios como los colegios e institutos, los centros de salud y las delegaciones y oficinas de las distintas consejerías de la DGA, así como de la Administración central.
Abuso de la temporalidad
"Pedimos que el ministro Iceta retire una propuesta legal que afecta al estatuto del empleado público porque creemos que es un despropósito que va en contra de los temporales de larga duración y, sobre todo, en contra de los servicios públicos de calidad", ha señalado Olga Pérez, de un sindicato convocante.
En Aragón la modificación legal que planea el ministro Iceta "afecta a todos los funcionarios, tanto temporales como fijos", según los organizadores de la protesta.
"Estamos denunciando que España incumple la directiva europea que protege al personal temporal, y que aquí solo se aplica en el caso del personal de empresas privadas", afirma Olga Pérez.
"El problema es que cuando uno cesa después de 10, 15 o 20 años de trabajo se va a la calle con una mano delante y otra detrás", indica la sindicalista. "Eso constituye un abuso de temporalidad en el que la Administración incumple sus propias leyes", añade.
Directiva europea de 1999
En Europa, la legislación enumera los casos en los que se requiere personal temporal e interino, para labores concretas y no más de tres años. "Pero en España esa situación se mantiene durante décadas porque es más fácil quitar y poner a los temporales, que nos vemos privados de unos complementos que no hemos cobrado", ha manifestado.
La directiva europea existe desde 1999 "pero en el sector público no se aplica". A efectos prácticos, obliga a hacer fijo a los tres años. "Es injusto que los empleados de la empresa privada tengan unos derechos que no se nos aplican al resto", ha agregado
Para paliar esta situación se diseñó un procedimiento de consolidación de las plazas, "pero no están funcionando, pues solo se emplean para echar a la calle a los trabajadores con muchos años de experiencia y sin abonar una indemnización", ha subrayado Olga Pérez.
