La oferta del parque público de vivienda social en Aragón es «claramente insuficiente». Debe explicarse así, en base a conceptos, porque las cifras bailan según a quién se le pregunte. No hay una base de datos común que cuantifique cuánta vivienda hace falta se demanda para dar cobertura a personas vulnerables por su situación económica en la comunidad. Aún así, la estimación más certera que puede darse ante tan borrosos datos es suficientemente clara. Para atender las necesidades actuales debería duplicarse la oferta del parque público gestionado por Gobierno de Aragón, que hoy en día cuenta con 807 viviendas.
Estas son solo algunas de las conclusiones del informe especial sobre vivienda social en Aragón presentado este lunes por el Justicia y defendido por su Lugarteniente, Javier Hernández García. En el documento, el equipo institucional desmiembra las causas de lo que considera «un problema social de primer orden» y asume como «imprescindible» ampliar el parque público de vivienda destinada al alquiler social, diferenciándolo del parque destinado al alquiler asequible, es decir, a aquellas familias que no reúnen criterios de vulnerabilidad pero tampoco pueden acceder al mercado libre de vivienda. Quedaría un tercer bloque, el de viviendas especializadas, que son utilizadas por colectivos concretos, como refugiados o víctimas de violencia de género. De hecho, según recoge el denso análisis del Justicia, en la comparativa con otras comunidades autónomas en el Boletín Especial de Vivienda Social 2020, el parque de vivienda en titularidad del Gobierno de Aragón solo está por encima del de Cantabria y La Rioja en términos absolutos.
Cronificación del usuario
Advierte además el Justiciazgo de una «cronificación» de los usuarios de vivienda social, lo que hace fracasar los programas de transición hacia el mercado de vivienda libre. Esto también dificulta la rotación de las unidades familiares, que desemboca, claro está, en una menor disponibilidad de recursos habitacionales para familias que entran en situación de precariedad económica y engrosan las listas de espera en vez de acceder a viviendas de este tipo.
Por otro lado, habla el Justicia de una «distorsión» al respecto de los desahucios a causa del convenio de colaboración entre el Consejo General del Poder Judicial, el Gobierno de Aragón y la Federación Aragonesa de Municipios, Comarcas y Provincias (FAMCP). Dice el órgano que la vivienda social es «un instrumento útil para afrontar la situación extrema de los procedimientos de desahucio», pero que en la práctica esto ha producido «una distorsión en el sistema» por reservarse casi su totalidad para el cumplimiento del acuerdo, lo que lleva a que «determinados ciudadanos busquen el desahucio por falta de pago» y así evadir las listas de espera.
Con la elaboración de este informe, el Justicia sugiere, entre otras medidas, que la futura redacción de la Ley de Vivienda de Aragón recoja de forma clara y precisa la determinación conceptual de la vivienda social y el perfil de los ciudadanos, y sus condiciones vitales, además de una regulación de los requisitos de acceso al parque de vivienda social, tanto pública como privada.
También recomienda la creación de una mesa permanente de trabajo sobre la vivienda social en Aragón, liderada por la Dirección General de Vivienda del Gobierno de Aragón, y en la que estén representadas las distintas administraciones competentes en la materia y las entidades del sector, así como campañas de sensibilización social con el objetivo de que los propietarios de viviendas vacías las cedan para proyectos de alquiler social, especialmente en las zonas rurales.
En el horizonte queda también una fecha, el 28 de febrero de 2022, cuando vence la moratoria a la Ley de Enjuiciamiento Civil que impide situaciones de desahucios y lanzamientos del alquiler. Si no se vuelve a prorrogar, como ya ocurrió en el pasado mes de octubre, no habrá suficientes recursos para hacer frente «ni aún utilizando todos los mecanismos y todos los recursos que la bolsa de vivienda social tiene en Aragón, y aún contando con los de las entidades sociales», aseguró ayer Javier Hernández.
