¿Cómo ha influido el covid en la Justicia durante los últimos meses, sobre todo en cuanto a desarrollo digital?
Una de las características principales que ha producido la pandemia en la administración de la Justicia es que ha acelerado la modernización tecnológica de la misma. La necesidad de luchar contra el contagio y, por lo tanto, evitar los contactos personales, ha hecho necesario utilizar medios que permitan evitar ese contacto personal. Partíamos de una buena situación porque teníamos ya digitalizada la Justicia aragonesa a través del expediente judicial electrónico 'Avantius', se ha hecho un mayor uso de herramientas como la videoconferencia y las salas de vista virtuales para celebrar y transmitir juicios. Otra característica importante es que se han hecho ya expedientes y se ha utilizado el teletrabajo, que era un sistema de organización desconocido en la Justicia y en la mayor parte de las administraciones.
¿Se puede dar el avance por concluido?
La digitalización ya está implantada, aunque se van mejorando las herramientas. En realidad los procesos tecnológicos son procesos vivos siempre, nunca se puede decir que han finalizado sino que van mejorando las herramientas, van cambiando los sistemas. Por lo tanto, las inversiones en tecnología tienen que continuar siempre en el tiempo. Si no, se quedarían obsoletas en pocos años.
¿Qué otras reformas quedan pendientes?
Hay algunas muy importantes que llevamos demandando mucho tiempo y que el ministerio tiene bastante avanzadas. Los tribunales a distancia, que es la integración de los jueces y magistrados de la misma jurisdicción, instancia y territorio en un único tribunal. Y, por otro lado, la reforma de la oficina judicial, que permite que los funcionarios presten servicios a varios órganos judiciales, es decir, en vez de que cada órgano judicial tenga sus propios funcionarios, se crean servicios comunes que sirven para dar servicio a varios. Con esto se consigue mayor eficiencia en los recursos, se abarata el coste de creación de nuevas plazas, ya sea de jueces o de funcionarios, y se consigue una mayor especialización.
¿Qué dificultades les ha generado la pandemia?
La pandemia ha tenido efectos importantes en la administración de justicia. Es cierto que los tuvo mucho más intensos al principio, cuando se tuvieron que adoptar medidas de prevención. El estado de alarma determinó la suspensión de los plazos y ello llevó a que se suspendiesen la mayor parte de los juicios. Después, las medidas de prevención se han ido suavizando conforme ha ido mejorando la situación, pero todavía sigue afectando porque hay muchos casos de jueces, de funcionarios, de profesionales como abogados y procuradores, o partes o testigos , que se han contagiado o han tenido un contacto estrecho y por tanto hay que suspender el juicio. Y en el caso de los jueces y funcionarios hay que cubrir durante ese periodo de cuarentena la baja.
¿Y desde el punto de vista de la litigiosidad?
Es cierto que ha habido menos litigiosidad en la jurisdicción social y mercantil de la que se esperaba en un principio, pero también es verdad que las medidas adoptadas, como los ertes o la moratoria (la suspensión de presentación de concursos), ha hecho que esa litigiosidad no haya aumentado. Sin embargo, cuando estas medidas desaparezcan es muy posible que aumenten estos asuntos en la jurisdicción mercantil y laboral.
¿Eso ya ha ocurrido en la civil?
Es la que más se ha incrementado sin lugar a dudas, en buena medida porque han aumentado las demandas por derecho de consumo. Esta es la que necesitamos reforzar con mayor intensidad. Por lo tanto, creo que se deberían crear al menos dos juzgados de primera instancia en Zaragoza e incrementar en un magistrado cada una de las secciones civiles de Zaragoza y de Huesca.
¿Necesitan refuerzos?
Tenemos muchos órganos judiciales reforzados. Los juzgados de lo social de Zaragoza, la sección mercantil de Zaragoza, la sección única de la Audiencia Provincial de Huesca. Por otro lado, creo que hay que dar un paso más y crear algunos órganos judiciales nuevos. Ya se ha creado el octavo juzgado de lo social en Zaragoza en 2021, en 2022 está prevista la creación del tercer juzgado de violencia sobre la mujer en Zaragoza.
¿Temen una posible saturación?
Hasta cierto punto es lógica porque hablamos de una pandemia que afecta a todo el mundo de una manera muy intensa. Las medidas han afectado a colectivos profesionales como la hostelería, los cines y todos aquellos que se han visto más limitados en el ejercicio de su actividad profesional. Y ha habido muchos procedimientos y recursos de aquellos colectivos que se consideraban perjudicados por las medidas y creían que se habían vulnerado sus derechos y, por lo tanto, acudían a los tribunales. Esa es la función legítima que les corresponde a los tribunales: salvaguardar los derechos de los ciudadanos y controlar la labor de la Administración, la legalidad de los procesos administrativos.
¿Cómo explica esa disparidad de criterios entre el Gobierno de Aragón y los jueces?
No hay disparidad, son las funciones que corresponden a cada uno. El Gobierno de Aragón adopta las medidas de protección que considera más adecuadas con el asesoramiento correspondiente de sus técnicos. Pero cuando algún ciudadano entiende que esas medidas le perjudican, acude a los tribunales, que resuelven con criterios jurídicos haciendo una ponderación de derechos. En ocasiones se le da la razón al Gobierno de Aragón y en ocasiones no. Si no le dan la razón, el gobierno recurre aquellas resoluciones con las que no está de acuerdo, como hacen los ciudadanos también.
"Todos comprendíamos las dificultades para proporcionar los equipos de protección. Pero la obligación, a pesar de las dificultades, era proporcionarlos. Cuando los sanitarios recurrieron, los tribunales, aplicando la ley, les dieron la razón"
¿Cómo están las relaciones con la DGA?
Son de mutuo respeto. Cada uno cumple sus funciones, que son difíciles de desarrollar en una época tan compleja como la pandemia. Cuando los tribunales ejercen su función y dictan una resolución que puede ser contraria a la medida adoptada por el Gobierno de Aragón no se ha de ver como un enfrentamiento sino como el funcionamiento normal de las instituciones, del poder judicial y del poder ejecutivo. En otras ocasiones se les da la razón y siempre hay que tener en cuenta que quienes recurren son los ciudadanos, que se consideran perjudicados por esas decisiones. Igual que el Gobierno de Aragón, cuando se dicta una resolución con la que no esta de acuerdo, la recurre, lo cual es perfectamente legítimo.
Los rifirrafes empezaron muy pronto con el presidente Lambán, sobre todo cuando mandó a los jueces a hacer mascarillas en los primeros días del confinamiento.
El presidente se disculpó y hay que agradecérselo. Fue por no poder proporcionar a los sanitarios equipos de protección. Todos comprendíamos las dificultades que tenía el Gobierno de Aragón para proporcionarlos. Pero la obligación, a pesar de las dificultades, era proporcionarlos. Cuando fueron los propios sanitarios los que recurrieron, los tribunales, aplicando la ley, les dieron la razón. Pero eso no significa un enfrentamiento, es el funcionamiento normal de las instituciones.
¿Mantienen hoy en día una relación fluida?
El presidente es una persona muy amable, muy correcto. Evidentemente, hay más relación con la Consejería de Presidencia (Mayte Pérez). Pero ya digo que es una relación de respeto, cumpliendo cada uno su función institucional.
También se ha encontrado con que hay escasa legislación existente respecto a una pandemia, y se ha recurrido habitualmente a derechos fundamentales.
Las medidas que se adoptan para luchar contra la pandemia suponen restricciones de derecho. Por ejemplo, durante el confinamiento la libertad ambulatoria, la posibilidad de circular de las personas, afecta al derecho a la libertad y a otros derechos también. Y aquellos que se sienten perjudicados en sus derechos acuden a los tribunales.
Hablemos del Tribunal Constitucional y sus demoras. ¿Qué utilidad tiene para un ciudadano una resolución judicial que a veces llega cuando la crisis ha terminado?
Es cierto que el tribunal tarda en resolver, pero tiene su justificación. Por un lado, le llegan asuntos complejos y con mucha relevancia social y eso requiere un estudio en profundidad porque, en definitiva, el TC es el intérprete último de la Constitución y eso hace que retrase la resolución. Además, normalmente pretende dictar sus sentencias por unanimidad o por mayoría de magistrados favorables a la sentencia que se dicta para darle una mayor legitimidad, lo que provoca que las deliberaciones y los debates se prolonguen. También es cierto que en ocasiones esta resolución tardía hace que cuando se dicte tenga poco sentido. Tiene sentido dar la interpretación de la Constitución que puede servir para ocasiones posteriores, pero los ciudadanos agradecerían una mayor celeridad en las resoluciones del TC.
Hay varias pendientes en este momento, por cierto.
Sí, y algunas importantes. Algunas de las cuestiones planteadas son relevantes y pueden determinar la actuación en la pandemia.
¿Por ejemplo?
Por ejemplo la que se planteó sobre si correspondía a los tribunales ratificar las medidas preventivas que iba a adoptar el Gobierno de Aragón. Es decir, si nosotros debemos cogobernar con el Gobierno de Aragón ratificando las medidas que previamente el Gobierno de Aragón ha adoptado.
Precisamente de lo que huyen es de la cogobernanza.
El poder ejecutivo tiene que adoptar medidas de prevención sanitaria. Cuando algún ciudadano no está de acuerdo, la recurre. El tribunal hace una ponderación de derechos, determina si la medida adoptada por el Gobierno de Aragón, que restringe los derechos del que recurre, es idónea para el fin que se persigue. Y si es necesaria en el sentido de que no hay otra medida menos restrictiva de derechos. Esa es la función propia de los tribunales, más que la de ratificar con carácter previo las medidas que adopta el Gobierno, que es al que le corresponde adoptar las medidas. Y si algún ciudadano o algún colectivo no está de acuerdo y las recurre, entonces es cuando deben entrar los tribunales. En cualquier caso, es una situación sometida al Tribunal Constitucional.
Los ciudadanos no comprenden que haya distintos fallos judiciales en las comunidades, que encuentran distinta respuesta ante cuestiones que, aparentemente, son las mismas. ¿Cómo lo puede explicar?
A veces no siempre es la misma cuestión aunque lo parezca. Porque los datos son diferentes o la motivación del Gobierno que ha adoptado la medida no es la misma. Y puede haber también defectos formales. Por otro lado, está la independencia de los tribunales. Dos tribunales pueden llegar a soluciones diferentes en un caso similar aunque no es lo ideal. Igual que gobiernos de diferentes comunidades adoptan medidas diferentes para atacar el mismo problema. También ha colaborado a esta disparidad de criterios que no contamos con una legislación adecuada y adaptada a la realidad de la pandemia. Eso genera más incertidumbre y, por lo tanto, las posibilidades de criterios dispares es mayor.
¿Cómo se genera una nueva legislación?
Eso es cuestión del poder legislativo. Las Cortes o las cámaras generales tienen todo un procedimiento para la elaboración de las leyes, normalmente con asesoramiento técnico de especialistas, y se dictan las normas. Creo que esa nueva legislación que se pueda dictar tendría que tener en cuenta la experiencia de la pandemia, los problemas que se han planteado. Y otras dos cuestiones, además: la legislación que tenemos en este momento estaba pensada para una situación diferente a la que tenemos con la pandemia global, más bien para enfermedades infecciosas tradicionales como la tuberculosis o el sida; y en segundo lugar es una legislación de 1986, cuando el estado autonómico estaba mucho menos desarrollado. Con posterioridad ha habido mucho más traspaso de competencias y las comunidades tienen mas peso del que tenían. Todo eso habría que tenerlo en cuenta si se dicta una nueva norma sobre sanidad o salud publica.
¿Qué novedades espera en la Justicia en Aragón en 2022?
A mí me gustarían tres. Por un lado, el incremento de la plantilla judicial para adaptarla a las necesidades, incrementar la jurisdicción civil. Por otro, que entren en funcionamiento las reformas organizativas, la reforma de la oficina judicial y los tribunales a distancia. Y es importante que se acometan algunas reformas procesales.
¿Como la Ley de enjuiciamiento criminal?
Sí, es de 1982. Se ha reformado muchas veces, pero con parches. Se necesita una ley que permita atender a la instrucción de los derechos que se cometen en la actualidad. Y también sería importante que se reformen algunas leyes procesales para adaptarlas al entorno digital. Están pensadas más bien para otros entornos.
¿Qué supondrá dejar la investigación en manos del Ministerio Público?
Un cambio muy importante. Por lo pronto, nos adecuaría a los países de nuestro entorno. Supondría, por un lado, que habría que reformar el estatuto orgánico del ministerio fiscal, dándole una mayor independencia. Es decir, está estructurado jerárquicamente, pero si tiene la instrucción debe garantizarse verdaderamente que no recibe instrucciones y tiene una mayor independencia en su actuación. Por otro lado, otro cambio importante es la plantilla, porque se necesitarían más fiscales y seguramente sobrarían en la jurisdicción penal jueces, aunque seguiría habiendo jueces de garantía para adoptar medidas restrictivas de derechos o limitativas de derechos como entradas y registros, intervenciones telefónicas... Sería necesaria la autorización de un juez que se denomina de garantías. En ocasiones, para la apertura del juicio oral también en muchos países existe un juez que acuerda si la instrucción está finalizada y se puede dar inicio al juicio.
¿Y la reforma del código penal pendiente qué supondría?
Depende de lo que se quiera reformar. Lo que no es aconsejable es reformar siempre incrementando las penas. Estos últimos años parece que cuando hay un problema la solución es aumentar las penas. Habría que adecuar los tipos delictivos a la realidad actual. Esa es la grandeza de la labor del legislador, que tiene que ser capaz de dar normas que se adecuen a los tiempos que vivimos. En algunos aspectos, el código penal puede quedar desfasado; en otros puede permanecer, hay tipos delictivos que no habría que tocar; y en otros posiblemente habría que hacer alguna modificación, pero es más bien propio del legislador y de los estudios que se hacen sobre las necesidades de reforma del código penal.
"La falta de regulación del CGPJ es un problema muy grave, un deterioro institucional importante que los ciudadanos no entienden, hace perder credibilidad a las instituciones y que la gente desconfíe de la Justicia"
Preocupa mucho la reforma del Consejo General del Poder Judicial, que no llega.
La falta de regulación del consejo es un problema muy grave, un deterioro institucional importante que los ciudadanos no entienden. No se puede comprender cómo los grupos parlamentarios no son capaces de ponerse de acuerdo y renovar un órgano tan importante como el CGPJ, que lleva prorrogado mas de tres años. Esta situación, además, es gravemente perjudicial porque hace perder credibilidad a las instituciones, hace que los ciudadanos desconfíen de la Justicia y la visualicen como una justicia politizada. Perjudica la imagen de España en Europa y dificulta el trabajo del CGPJ y de los propios tribunales.
Está estancado.
Ha determinado una reforma que conlleva que el consejo, cuando está en funciones, no puede realizar nombramientos. De esta manera, es imposible que pueda cubrir las bajas que quedan en el Tribunal Supremo cuando se jubilan los magistrados. Y se han jubilado y se van a jubilar en este año unos cuantos, lo cual supone que estas salas del Supremo tan importantes, que son las que crean jurisprudencia, dictan muchas menos sentencias y resoluciones al año que las que dictarían si tuviese la plantilla completa. Es un grave perjuicio porque, además, se produce en la cúpula de la organización judicial española.
¿Cuál es la solución? Se ha solicitado que el Consejo sea elegido al menos en parte por los propios magistrados.
Esa es la solución que se propone en Europa, donde se considera que los vocales deberían ser elegidos por los propios jueces por un sistema de sufragio. Era también el sistema que había propuesto el Tribunal Constitucional, el que originariamente pensaron los legisladores constitucionales. Sin lugar a dudas solucionaría en parte el problema.
