El Gobierno de Aragón aprobará esta semana una oferta pública de empleo de 8.036 plazas para el proceso de estabilización de plantillas para reducir la temporalidad en Sanidad, Educación y en la Administración General. Una exigencia de la Unión Europea, que se hizo ley a finales del pasado año, y que ahora recibirá un impulso definitivo por parte del Ejecutivo aragonés.
La previsión es aprobar estas convocatorias antes del próximo 1 de junio (el miércoles que viene) y que todos los concursos se sacarán antes del 31 de diciembre, de modo que los opositores podrán conocer sus fechas de examen en este 2022.
El consejero de Hacienda y Administración Pública del Gobierno de Aragón, Carlos Pérez Anadón, hizo el anuncio al término de la comisión de su área, después de que el director general de Función Pública y los tres sindicatos presentes en la mesa (UGT, CCOO y Csif) cerraran este acuerdo «por unanimidad».
En una comparecencia en la Comisión de Hacienda, el consejero concretó que ayer la Dirección General de Función Pública llegó a un acuerdo con los sindicatos, de forma que estarán aprobadas las plazas necesarias para la estabilización antes de que acabe el plazo, marcado para el 1 de junio, y se sacarán antes del 31 de diciembre.
El consejero detalló que serán 1.460 plazas en Educación (658 de oferta ordinaria, y 802 de extraordinaria; sumando las 321 de concurso oposición y las 481 de concurso). En el caso de Sanidad se aprobarán un total de 2.160 plazas (992 ordinarias, 474 de concurso oposición y 694 por concurso). Por último, ya que han sido también las últimas en las que la mesa ha logrado el acuerdo, en Administración General se ofertarán un total de 4.416 plazas. De ellas, las ofertas pendientes en trámite son 3.568 y la oferta ordinaria este año será de 277, más 50 de promoción interna, y la extraordinaria, 264 de concurso oposición y 307 de concurso.
Serán en total 8.036 plazas, «la mayor oferta en la historia de la comunidad», señalaron desde el departamento, y se aprobarán esta semana, antes de que acabe el plazo, por lo que Pérez Anadón ensalzó el cumplimiento de los compromisos del Gobierno de Aragón y felicitó por el «arduo» trabajo a todos los técnicos y a los sindicatos.
Según confirmaron fuentes del Departamento de Hacienda, quedan por definir las categorías que saldrán a oposición. Un trabajo que se espera que pueda concluirse la próxima semana. Asimismo, se espera que todos los procesos de selección se prolonguen hasta «finales de 2024», dada la complejidad de las convocatorias y el elevado volumen de participantes de las oposiciones. Con estos cambios, aseguraron estas mismas fuentes, el objetivo es rebajar la tasas de temporalidad hasta llegar al 8% que marca la ley.
Críticas del sindicato Stepa
Pese al «histórico acuerdo» que defienden desde la consejería, el sindicato Stepa denunció que los datos anunciados por la DGA «son una sentencia de muerte para 4.000 interinos en fraude de ley». Según sus cálculos, deberían ofrecerse hasta 3.500 plazas en Administración General por concurso excepcional de méritos (sin oposición) y otras 500 por concurso oposición. Sin embargo, según el consejero de Hacienda serán, respectivamente, 307 y 264, «apenas un 10%, lo cual es completamente injusto y contrario a la Ley 20/21».
Stepa incidió en que «se va a enviar al paro sin indemnización a miles de trabajadores que llevan décadas de servicio a los aragoneses» y anunció que combatirá la decisión «con todas las armas jurídicas y sindicales».
Asimismo, el sindicato aragonés denunció que no se le ha facilitado ninguna información de todo este proceso, pese a contar con más de un 20% de representación funcionarial, y que las organizaciones que han aceptado este acuerdo «son cómplices de un incumplimiento que atenta contra los derechos de los trabajadores a los que deberían defender».
El PP le pide explicaciones a Pérez Anadón por 214 millones «sin justificar»
La portavoz del PP en la Comisión de Hacienda de las Cortes de Aragón, Carmen Susín, le pidió «explicaciones» al consejero de Hacienda, Carlos Pérez Anadón, por los «más de 200 millones de euros sin justificar del fondo covid» en el presupuesto del ejercicio 2020, marcado por la pandemia.
Basándose en el informe de fiscalización de la Cámara de Cuentas sobre la cuenta general de 2020, que todavía no ha sido presentado en pleno, Susín denunció la «falta de documentación» de contratos «muy importantes», como el de la recepción de mascarillas.
«De los 430 millones de fondo incondicionado, ustedes justificaron 216. ¿Y los 214 millones de euros que no se justificaron, en qué se han empleado?», se preguntó Susín, que no obtuvo el apoyo de ningún otro grupo de la oposición presente en la comisión, Vox y Ciudadanos. «Para tapar agujeros», denunció después.
El consejero Pérez Anadón le replicó con los ejemplos de la justificación del fondo covid en otras comunidades autónomas. «Todas las Cámaras de Cuentas de las comunidades autónomas dicen claramente que en el fondo financiador del covid no van a aparecer uno por uno los gastos porque había una serie de gastos generales que insuflaron el gasto en todas la comunidades», reprochó.
Además, sacó pecho de la inversión de la DGA durante el ejercicio de la pandemia: «En Sanidad superamos los 2.400 millones, en Educación, más de 1060. Eso me preocuparía a mí, que no hubiésemos hecho eso», incidió.
