Pese a un comienzo pausado en cuanto al número de solicitudes del bono alquiler joven, el Gobierno de Aragón ha recibido, una vez ya concluido el plazo de presentación, «más» de las esperadas. En total, se han registrado un total de 8.308 solicitudes en poco menos de un mes y medio (44 días, desde el 15 de septiembre al 28 de octubre) lo que supone una media de 189 cada día. El presupuesto de la convocatoria es de 15 millones en dos anualidades –a las comunidades llega de forma trimestral– y la ayuda máxima será de 250 euros mensuales para menores de 35 años. El mayor número de solicitudes proviene de Zaragoza capital, como es lógico por cuestiones demográficas.
Desde el Departamento de Vivienda y Rehabilitación del Gobierno de Aragón reconocieron que la aceptación ha sido «muy buena, como no podía ser de otra manera», sobre todo teniendo en cuenta las expectativas generadas por parte del Gobierno de España que «ha vendido este producto como una medida estrella», reconoció la directora general, Verónica Villagrasa.
Ahora comienza el trabajo en el departamento, ya que tienen que validar todas las solicitudes, y estiman que alrededor de un 30% seguirán en tramitación porque no cumplirán alguno de los requisitos. El análisis ya ha comenzado y será «en diciembre» cuando ya estarán las primeras resoluciones y requerimientos. Sin embargo, desconocen cuando serán efectivos esos pagos porque «no solo depende de nosotros», sino que ellos realizan la orden pero luego va a Intervención, tesorería, etc., por lo que «intervienen otras partes de la administración y no se puede dar una fecha», señala.
Condiciones «estrictas»
Pero primero habrá que dar el visto bueno a cada solicitud y ver si se cumplen todas las condiciones, que son «estrictas» porque como todos los planes puestos en marcha por el Gobierno de Pedro Sánchez «quieren llegar al máximo posible y ser muy garantistas».
Para cumplir con todos los requisitos, el solicitante debe tener hasta 35 años en el momento de solicitar la ayuda, no ser propietario de una vivienda en España, ser titular de un contrato de arrendamiento, tener una nómina con unos ingresos que no superen en tres veces el IPREM a 14 pagas (algo más de 24.000 euros anuales) y que el precio de la vivienda no supere los 600 euros mensuales y en el caso del alquiler de una habitación, de hasta 300 euros; por lo que no serán válidos todas las solicitudes de aragoneses que no tengan ingresos o sean más altos, precio de alquiler más elevado, falta de contrato, etc.
Considera la directora general que estas ayudas «las diseñan» pensando en Madrid o en Barcelona, por la cifra máxima porque «si hay más solicitudes para una vivienda el precio total del alquiler no podrá ser de más de 600 euros, algo «complicado» si lo compartes con tres personas porque se supone que «es una vivienda muy grande». Ese límite, señala, viene marcado porque es la cifra que se está pagando en la capital de España como alquiler asequible». Por eso, reconoce que cumplir las condiciones es «difícil, no es imposible», ya que en estos momentos los jóvenes cuentan con sueldos «no muy bien remunerados».
Otro de los inconvenientes es que la situación de ese joven debe permanecer estática durante esos dos años ya que no se contempla ni una mejora de empleo o sueldo puesto que en estos casos «se perderá el derecho»; ni un cambio de residencia porque «la ayuda se traslada». Es por eso que no se atreve a decir a cuántos aragoneses beneficiará, ya que la situación puede cambiar durante el periodo de la ayuda, por lo que habrá que esperar al «pago de todas las convocatorias, cuando acaben los dos años desde la última solicitud que reconozcamos».
Desde el Gobierno de Aragón se dijo que se esperaba que alrededor de 2.500 personas pudieran acceder a esta ayuda, una cifra «muy redonda» porque se resolvió tras ver la cuantía, multiplicarla por 24 meses y teniendo en cuenta el presupuesto de 15 millones de euros, pero eso sería una «situación utópica e idílica», en la que todos los jóvenes cumplieran los requisitos. En algún momento puede ser esa cifra pero en otra se puede llegar incluso a los 4.000 puesto que 250 euros es la cantidad máxima, sino que algún solicitante «puede dejar de serlo e incorporarse otro».
De hecho, considera que se trata de «una convocatoria viva en la que las cifras» irán cambiando. Si no lo hace significará que «no ha habido complicaciones en la gestión y ni movimientos» pero lo que se espera es que «haya movilidad porque es una característica del colectivo al que van dirigidos», los jóvenes con traslado de residencia o mejora en el empleo.
