La Junta de Andalucía ha propinado al Gobierno central un "enorme varapalo jurídico" mediante la sentencia que el Tribunal Constitucional hizo pública ayer, en la que desestima el recurso para paralizar la subida de las pensiones no contributivas y asistenciales aprobada en 1999 por el Ejecutivo andaluz. Así lo consideró en rueda de prensa el presidente de la Junta de Andalucía, Manuel Chaves, quien retó nuevamente a Aznar anunciando otro incremento de estas prestaciones sociales para el 2003 por encima de la previsión oficial de inflación, que es del 2%.
El dirigente andaluz se ampara en una decisión que "fue legítima institucionalmente y es irreprochable desde el punto de vista jurídico". Para Chaves, el fallo demuestra que fue una medida integrada dentro de los poderes competenciales de la Junta y establece "una política diferente a la marcada por la derecha a través del Gobierno central".
El Ejecutivo de Madrid alegó en el recurso que la subida del 1,8%, que dobló el alza para toda España, aplicado por la Junta invadía la "competencia exclusiva" de la Administración central sobre "legislación básica y régimen económico de la Seguridad Social". La Junta enmarcó la medida en la asistencia social.
