El borrador sobre Gestión de Residuos, elaborado por el Ministerio de Medio Ambiente, ha encendido todas las alarmas entre los fabricantes de electrodomésticos y de equipos electrónicos, que han alertado del "negativo impacto" que esta normativa puede provocar en el sector. En este sentido, aseguran que, de salir adelante, podría elevar los precios de estos aparatos entre un 5 y un 15%.

Y es que el texto que propone el Ministerio --que traslada al ámbito nacional la Directiva europea sobre Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos-- establece, entre otras cuestiones, que los fabricantes deberán hacerse cargo de la recogida domiciliaria de estos aparatos.

Por ello, diversas asociaciones ya han remitido una carta a la ministra de Medio Ambiente, Cristina Narbona, en la que se señala que el borrador "no respeta ni el espíritu, ni el contenido" de la Directiva Europea, a la que el sector ya dio el visto bueno, en líneas generales.

El director general de BSH Balay en Zaragoza, José Longás, en su calidad de presidente de la Asociación Nacional de Fabricantes de Electrodomésticos (ANFEL) precisó que el borrador "incrementará en un 3 ó 4% el valor de la venta del producto" en un sector que "ya trabaja con márgenes pequeños". Además, afirma que el texto no hace mención alguna a la participación de las entidades locales en la recogida, a través de puntos limpios, ni se alude a la creación de un registro de productores que garantice los tratamientos al final de la vida útil de los aparatos.

El sector también solicita un marco para su aplicación en las comunidades autónomas, con el fin de "armonizar" la situación y que "no afecta a la competitividad" la forma de aplicar esta normativa en las distintas autonomías, apunta Longás.

Las marcas blancas serán las más afectadas y, por ende, España, que se ha convertido en el tercer país europeo más importante, con 8 millones de aparatos, 12.000 empleos, 19 fábricas y otros 14.000 trabajadores en empresas auxiliares. Por todo ello, las nuevas medidas contempladas en el borrador de decreto, suponen un riesgo de "reestructuración del sector, la pérdida de empleo y la viabilidad de esta industria", señala el presidente de ANFEL.

Finalmente, el sector denuncia que en la elaboración del decreto no se ha tenido en cuenta la opinión de estas asociaciones y de los productores. Asímismo, insisten en los esfuerzos realizado por esta industria en inversiones para fomentar un proceso limpia en materia medioambiental.