Francia también debe cambiar su sistema de pensiones si quiere garantizar la continuidad del mismo. Tras reunirse ayer en el Elíseo con los sindicatos y la patronal, el presidente Nicolás Sarkozy anunció la reforma para finales de año. Hasta septiembre, cuando el Gobierno presentará su propuesta, buscará una solución consensuada para intentar minimizar el impacto de una medida muy controvertida, ya que seguramente implicará retrasar la edad de jubilación legal más ventajosa de Europa, actualmente fijada en los 60 años.

Se trata de una de las reformas más delicadas que afrontará Sarkozy en su mandato, puesto que afecta a uno de los pilares del modelo social del país. La sola insinuación de que podría alargarse hasta los 61 o 62 años la edad de la jubilación ya ha provocado una encendida polémica.

A un mes de las elecciones regionales y con los sindicatos en pie de guerra, el presidente francés ha optado por iniciar el pulso en abril, tras la cita con las urnas, pero con un calendario sobre la mesa. "Si queremos salvar nuestras pensiones, no podemos prolongar las decisiones por más tiempo", advirtió el jefe del Estado, resuelto a abordar la espinosa cuestión pese al fuerte rechazo que provoca.

CONTRACORRIENTE La polémica que se ha generado es tan importante que la primera secretaria del Partido Socialista, Martine Aubrie, que se había mostrado flexible ante una prolongación de la edad de jubilación, ha dado marcha atrás. Los socialistas no quieren ir a contracorriente de un movimiento social que podría acabar con protestas en la calle.

Desde que, en 1982, François Mitterrand estableció el derecho a percibir la pensión a partir de los 60 años, tanto los gobiernos de la derecha como de la izquierda han ido posponiendo la reforma de lo que se ha convertido en uno de los derechos adquiridos más emblemáticos de la República.

El régimen actual reposa sobre el principio del reparto, es decir, los más jóvenes pagan las cotizaciones para que los mayores cobren la pensión. Sarkozy se mostró firme a la hora de no modificar este principio ni tampoco la cuantía de las prestaciones.

El Gobierno plantea dos vías: retrasar la edad de la jubilación legal o bien una prolongación de los años de cotización, que actualmente son 40, para que la reforma afecte menos a los trabajadores que empezaron su actividad jóvenes y en empleos que producen un mayor desgaste físico. Pero la mayoría de los sindicatos rechazan ambas opciones.