No es lo mismo predicar que dar trigo. La Comisión Europea no cesa de pregonar entre los Gobiernos de la UE que es necesario que aprieten el cinturón de sus presupuestos estatales. Pero se opone con rotundidad a que los funcionarios de las instituciones comunitarias moderen sus aumentos salariales y defienden un incremento del 3,7% para este año.
Al mismo tiempo que los funcionarios griegos secundaban el miércoles una huelga general, entre otras razones, por la espartana congelación de sus sueldos y cuando sus colegas españoles se tentaban los bolsillos por las confusas declaraciones del secretario de Estado de Hacienda, la Comisión Europea seguía tramitando su denuncia ante el Tribunal de la UE contra la decisión del Consejo Europeo de limitar la subida salarial a la mitad de lo previsto --del 3,7% al 1,85%-- para los cerca de 50.000 funcionarios y personal contratado en las instituciones europeas.
La Comisión, que preside José Manuel Durao Barroso, considera "una vulneración de la normativa comunitaria" la reciente decisión de los líderes políticos de los Veintisiete de recortar el aumento salarial de los eurofuncionarios. El Consejo Europeo consideraba conveniente esta moderación para no dar un mensaje político erróneo ante la gravedad de la crisis económica que padecen millones de ciudadanos de la Unión. A la hora de recortar sus déficits presupuestarios, los Gobiernos de los 27 países de la UE no han optado siempre por hacerlo repercutir sobre los sueldos de la función pública.
Griegos y portugueses
Bastante antes de que lo decidiera el Gobierno griego de Giorgos Papandreu, el Ejecutivo portugués congeló los salarios de los funcionarios y el pasado jueves anunció que extendería la medida a los 143.000 empleados de las empresas de propiedad estatal. Solo la aerolínea TAP y la Caixa Geral de Depósitos podrían eludir esta decisión del Gobierno de José Sócrates, destinada a "mejorar la competitividad nacional".
En España, el Gobierno acordó con los sindicatos en septiembre pasado un aumento del 0,3% de los sueldos de los funcionarios y el compromiso de que si los salarios suben menos que la inflación, la diferencia sería compensada en los ejercicios del 2012 y el 2013. El pacto tembló, aunque efímeramente, el miércoles cuando Carlos Ocaña, secretario de Estado de Hacienda, dio a entender que el Gobierno sopesaba congelar los sueldos. Pero fue rectificado de inmediato por sus superiores del Ejecutivo, que ya tiene suficientes frentes abiertos como para enemistarse ahora con un colectivo de 2,7 millones de asalariados (y electores).
Los funcionarios irlandeses sufren este año una reducción salarial que varía en función de la nómina. El tijeretazo va desde el 5% para quienes ganan menos de 30.000 euros al año hasta el 15% para quienes cobran más de 200.000 euros. La impopularidad de la medida no se ha traducido en huelgas, aunque sí en alteraciones del servicio de algunos departamentos oficiales, donde los administrativos no atendían las llamadas telefónicas.
En Holanda, parte de los 190.000 funcionarios de las administraciones locales y provinciales estuvieron todo el mes pasado protestando por la congelación de sus salarios. Y se avecinan protestas para finales de año de los funcionarios estatales. Este año disfrutan de un incremento del 3,3%, pero el Gobierno pretende congelarles el salario en el 2011. En el Reino Unido, el ministro de Finanzas, Alistair Darling, ha dejado entrever que los funcionarios deberían seguir el ejemplo del sector privado, donde los trabajadores de varias empresas han aceptado tijeretazos con tal de evitar despidos.
Ni en Alemania, ni Italia ni en Francia se han adoptado medidas de austeridad que afecten a los salarios de los funcionarios, pero sí, y mucho, al volumen de las respectivas plantillas.
