El carbón se queda sin oxígeno

"La era del carbón ha terminado". El autor de esta frase no es un gurú de la energía ni un activista medioambiental, sino Francesco Starace, consejero delegado del grupo italiano Enel, al que pertenece la eléctrica española Endesa, propietaria de la térmica de Andorra. La pronunció en una entrevista a Financial Times en mayo del 2015, en la que aseguraba que las empresas energéticas se están alineando en abandonar el carbón como fuente de generación eléctrica.

Está por ver si esta afirmación se hará realidad y, sobre todo, en qué plazos ocurriría. Por lo pronto, Endesa engrosó el pasado año sus beneficios en España gracias en buena medida a las centrales de carbón como la de Andorra, que volvió a los números negros.

De lo que no hay duda en España es de la situación de bloqueo que vive el sector minero-eléctrico ligado al carbón nacional, del que depende un millar de empleos directos en Andorra y su entorno. El futuro de este sector, que representa el 40% del PIB de Teruel, es a día de hoy tan negro como este mineral.

Desde el inicio del 2015, cuando finalizó la vigencia del decreto de garantía de suministro, la industria del carbón autóctono en España carece de un sistema de incentivos para su consumo en térmicas como la andorrana. Más de un año después, el Gobierno de Mariano Rajoy sigue tratando de activar un nuevo mecanismo de ayudas a través de la denominada orden ministerial de pagos por capacidad. Pero la tramitación de esta norma ha encallado, algo de lo que los sindicatos responsabilizan al Ministerio de Industria por su inacción.

El primer revés llegó a principios de octubre cuando la Comisión Nacional de Mercados y Competencia (CNMC) emitió un duro informe en el que echaba por tierra el nuevo sistema de incentivos. El portazo definitivo ha llegado de la Comisión Europea (CE), que rechaza la orden de Industria. Esta contemplaba una ayuda de 93 millones de euros para la térmica turolense, cuya reforma para adaptarse a la normativa medioambiental europea asciende a nada menos que 230 millones. Sin esta inversión, la central pondrá punto final a su actividad antes del 2023.

La nebulosa es tal que ni siquiera se sabe a ciencia cierta cuál es el dictamen de Bruselas. La Junta de Castilla y León aseguró el miércoles que la CE ha rechazado las ayudas españolas, según lo que le ha transmitido el propio ministerio, para enfado de los gobiernos de Asturias y Aragón, que no tienen constancia oficial de nada.

A la espera de lo que suceda, Andorra celebró ayer una asamblea ciudadana con la asistencia de un centenar de personas. En la reunión se acordó el inicio de un calendario de movilizaciones, que se concretarán la próxima semana. Eso sí, se descarta la opción de la huelga.