La Sección Sexta de la Audiencia Provincial de Zaragoza ha dictado el auto de apertura del juicio oral contra Tomás García Montes, exdirector general de Caja Inmaculada (CAI) entre el 2005 y el 2009, y otros tres acusados, que se enfrentan a penas de entre tres y 16 años de prisión por un presunto delito de apropiación indebida. La vista tendrá lugar a finales de octubre después de más de tres años de instrucción. En las sesiones están citados a declarar una treintena de testigos, la mayoría de ellos exmiembros de las antiguas cúpulas de esta entidad aragonesa, que en el 2013 acabó siendo absorbida por Ibercaja ante la imposibilidad de continuar en solitario. También testificarán varios empresarios zaragozanos de la construcción que hicieron negocios con la caja, así como peritos y auditores.
Junto a García Montes se sentarán en el banquillo F. J. A. N., quien fuera responsable de la matriz inmobiliaria de la caja (CAI Inmuebles) en el centro y sur de España, su exmujer y Ramón Marrero Gómez, abogado, empresario y exconsejero de Empleo de la Junta de Andalucía, que se asoció con la entidad en los negocios del ladrillo en esa región. Había una quinta imputada, la mujer de García Montes, pero falleció el pasado año.
El auto de la Audiencia, del pasado 11 de mayo, da por buena la investigación del caso CAI desarrollada por la titular del Juzgado de Instrucción número 4 de Zaragoza. En una resolución del 21 de diciembre del 2015, esta jueza ordenó la apertura del juicio oral por procedimiento abreviado al concluir que existen indicios de delito.
VIAJE A EGIPTO Y PISOS AL 50%
El periplo judicial se inició en octubre del 2012, cuando CAI presentó una querella contra estos tres exdirectivos, a los que responsabilizaba del quebranto económico ocasionado por tres asuntos concretos. El primero, un viaje privado realizado a Egipto por García Montes y sus familiares, cuye coste (195.739,49 euros) fue pagado por la caja. El segundo, la compra de dos viviendas en el Puerto de Santa María (una para el exdirector general y otra para F. J. A. N.) promovidas y administradas por CAI, que fueron adquiridas con una rebaja del 50%.
El tercer punto en discordia era la ruptura de la relación comercial de Ramón Marrero con la CAI, que fue pactada entre ambas partes. Este acuerdo fijaba la reestructuración de la deuda de las sociedades gestionadas por el exsocio de la caja, que como consecuencia de ello sufrió un agujero de 12,6 millones de euros, según un informe pericial encargado por la entidad a la consultora KPMG.
El ministerio fiscal solicita tres años de prisión para García Montes, F. J. A. N., y Marrero por un delito de administración desleal. Además, les reclama una fianza solidaria (conjunta) de 18 millones para poder cubrir sus responsabilidades en caso de ser condenados. Se desconoce si los tres acusados han aportado dicha fianza, pero de no hacerlo se habría procedido al embargo de sus bienes.
Por su parte, CAI, como acusación particular, reclama penas de 16 años para cada uno de los acusados por los delitos de apropiación indebida y de administración desleal. Además, solicita a García Montes, F. J. A. N.y Marrero una indemnización de casi 13 millones de euros, principalmente por la reestructuración de los negocios (venta de acciones y participaciones). Por último, el sindicato CIC, personado en el caso como acusación popular, pide 16 años de cárcel por tres presuntos delitos de apropiación indebida, estafa y administración desleal . También reclama casi 6,2 millones de euros de indemnización en concepto de responsabilidad civil.
Por otra parte, en una providencia del pasado 12 de mayo, la Audiencia Provincial fija las fechas de la vista oral y cita a declarar a una treintena de testigos, la mayoría de ellos reclamados por las defensa de los acusados. Destacan los nombres de los exdirectores generales Luis Calvera Serrano y Luis Miguel Carrasco, los expresidentes Antonio Aznar y Juan Pemán Gavín (actual director de la Fundación CAI) y los exdirectivos como Juan Antonio García Toledo, José Salvador Bertol, Óscar Benito, Juan Antonio Iglesias Garijo, Julián Puente Paniagua, Rafael Aguelo Arguis, Fernando Casanovas Bravo, Juan Rovira Tolosana, Miguel Pradel Benesenes, Eusebio Cezón, Raimundo García Figueras o Javier Ratón Ramas.
También testificarán los constructores Roberto Machín Rodes (grupo Plaza 14), Miguel Ángel Castillo Malo (Castillo Balduz) y Juan Forcen Márquez (Plaza 14), así como Fernando Foncea (socio de Deloitte) y los peritos Alfonso Bravo, Alfonso Manzano, German Pérez Barrio.
García Montes percibe de la caja (ahora de Ibercaja) una pensión vitalicia de 15.000 euros al mes, fijada en su contrato de su alta dirección.
