El caso de los ERE ha evolucionado de la concesión arbitraria de ayudas a los conocidos del exdirector general de Trabajo de la Junta y a un "negocio bilateral" entre la Consejería de Empleo y las mediadoras, con un "sistema perfectamente establecido" en el que el verdadero negocio radicaba en la tramitación de las ayudas. Así lo manifiesta la jueza Mercedes Alaya en uno de los autos dictados en esta última fase de la operación, que al cierre de esta edición contabilizaba ya tres personas encarceladas.

En el documento, la jueza no tiene dudas en hablar acerca de una "trama corrupta" formada por cargos públicos, sindicatos e intermediarios en los ERE. Los primeros, pertenecientes a la Consejería de Empleo, porque "permitían la ilícita disposición de los fondos de la Administración", y las mediadoras o consultoras que tramitaban las pólizas de prejubilación porque "corrompían a los cargos públicos" a cambio de los nuevos contratos, que no pasaban ningún concurso público. Los sindicatos también tenían su propia vía de negocio, ya que buscaban nuevas empresas en crisis para incrementar sus beneficios.

Esta nueva fase del caso de los ERE se centra en la concesión de sobrecomisiones, muy superiores a la media del mercado, que eran soportadas por la Junta de Andalucía, según la jueza Alaya, a cambio de "importantes gratificaciones" para los políticos implicados y de la posibilidad de incluir como beneficiarios a personas ajenas a las empresas afectadas y siempre cercanas al entorno privado o político de esos cargos. "La sobrecomisión ha dejado de ser algo que pasara desapercibido para la administración, con una pasividad que irritaba a muchos, al ser el verdadero alimento de una trama corrupta", apunta la magistrada.

En el caso de las consultoras, la investigación apunta al exdirector de Vitalia Antonio Albarracín. Esta consultora fue una de las que más pólizas de prejubilación tramitaron, lo que le proporcionó importantes beneficios. A cambio, Albarracín pagó comisiones a "todo aquel que facilitó que Vitalia" hiciera esos negocios, ya fuera directamente --como los más de 4 millones a los "entornos" UGT y CCOO-- o bien mediante la inclusión como prejubilados de intrusos. Es el caso del exsindicalista y mediador Juan Lanzas, que habría recibido de Albarracín casi dos millones de euros en apenas cuatro años, y que junto a su esposa, fue incluido en el ERE de una empresa recibiendo incluso una cantidad superior a la que les fue adjudicaba.

Tanto Lanzas como Albarracín fueron encarcelados la madrugada del viernes tras una jornada intensa de declaraciones. La jueza acusa al exsindicalista, en cuya casa se hallaron ocultos 82.000 euros, de cinco delitos de malversación pública, prevaricación, falsedad documental, asociación ilícita y cohecho. Al directivo de Vitalia, con un abultado patrimonio, lo acusa de cohecho, malversación y prevaricación, así como un delito contra la hacienda pública y otro de falsedad documental.