La Guardia Civil ha detenido a nueve independentistas vinculados a los Comités de Defensa de la República (CDR) a los que se acusa de preparar actos violentos con artefactos explosivos, según han informado a este diario fuentes cercanas a las pesquisas, que añaden que se les han incautado substancias para fabricar amonal. La fiscalía de la Audiencia Nacional considera que formaban "un grupo terrorista de índole secesionista catalán" y les atribuye tenencia de explosivos, así como delitos de terrorismo y/o rebelión, como hizo en su día con Tamara Carrasco, aunque el magistrado ante el que compareció consideró que los hechos se encuadraban en los de desórdenes públicos. La Fiscalía señala que sus "proyectos terroristas" estaban en un "avanzado grado de preparación", pues ya tenían "objetivos seleccionados".
En una nota firmada por el teniente fiscal de la Audiencia Nacional, Miguel Ángel Carballo, califica de "avanzados" los "proyectos terroristas con fines secesionistas" que se les imputan y afirma que "ante la certeza de que las acciones se iban a perpetrar aprovechando el periodo comprendido entre el aniversario del referéndum ilegal del 1-O y el anuncio de la sentencia del 'procés', se ha decidido "proceder a la detención de los implicados para abortar el proyecto que podría haber ocasionado daños irreparables debido a lo avanzado de sus preparativos". Según la Cadena Ser, los detenidos querían atentar contra edificios públicos.
No obstante, la principal diferencia entre aquella operación y esta, en la juez Manuel García-Castellón trabaja desde hace casi dos años es que, según las fuentes consultadas, en los registros que se han practicado este lunes se ha intervenido material susceptibles, tales como precursores, de ser empleadas en la fabricación de explosivos. En uno de los registros se ha hallado una especie de 'cocina de explosivos' donde los detenidos disponían de ácido sulfúrico, polvo de aluminio y cera o parafina, material que puede ser utilizado para fabricar Amonal. También se ha intervenido abundante material informático.
OBJETIVOS SELECCIONADOS
La fiscalía de la Audiencia Nacional ha informado de que el material y sustancias intervenidas están "consideradas precursores para la confección de explosivos, susceptibles (a la espera de confirmación por los especialistas) de ser empleadas en la fabricación de artefactos explosivos y de ser utilizados contra objetivos seleccionados por un grupo de militantes de CDR".
Varias conversaciones telefónicas de los detenidos, que habían sido interceptadas, llevaron a los investigadores a sospechar que el grupo podía pasara a la acción de forma inminente, lo que ha precipitado su detención.
RESPUESTA TÁCTICA
Los detenidos son miembros de los llamados Equipos de Respuesta Táctica de los CDR. La operación está siendo coordinada por el juez de la Audiencia Nacional Manuel García-Castellón, ante el que comparecerán los detenidos en los próximos días. En total se han realizado 10 registros, en localidades como Sabadell, Cerdanyola, Sant Pere de Torelló y Mollet del Vallès.
Gritos de libertad ante el domicilio de uno de los independentistas detenidos por la Guardia Civil. / VÍDEO: EUROPA PRESS
Según fuentes de la investigación, el grupo pretendía cometer esas acciones violentas, que podrían terminar causando víctimas mortales, entre el segundo aniversario del referéndum del 1-O y la publicación de la sentencia del juicio del 'procés'. La operación se está realizando con apoyo de agentes antidisturbios. En la operación han intervenido 500 guardias civiles de distintas unidades, incluidos los propios antidisturbios del GRS de Barcelona, dos UCE de Madrid y el Servicio de Información, que ya llevaba reforzando efectivos en Cataluña desde antes del verano.
Las fuentes consultadas por este diario separan los arrestos de esta noche del de Tamara Carrasco, en el que el magistrado que se ocupó entonces de las actuaciones, que era el juez de refuerzo del Juzgado Central de Instrucción número 6, Diego de Egea, no apreció ni terrorismo ni rebelión y acabó remitiendo el caso a los juzgados de Viladecans, localidad en la que residía la joven considerada dirigente de los CDR.
La fiscalía de la Audiencia Nacional ya defendió entonces que los hechos imputados a los CDR eran constitutivos de terrorismo o rebelión y recurrió sin éxito la decisión de De Egea, de considerarlos desórdenes públicos, y solo le impuso comparecencias semanales y prohibición de salir de Viladecans salvo que tuviera que hacerlo para ir al trabajo y siempre contando con su autorización.
