La Fiscalía pide hasta 20 años de cárcel y 29 millones de euros para dos policías nacionales acusados de liderar una banda de narcos que introducía cocaína de Sudamérica y cuyo juicio ha arrancado hoy de forma accidentada, cuando el juez ha ordenado arrestar a un imputado por increpar a un testigo protegido.
La causa, por la que están procesadas 32 personas, ha llegado este viernes a la Audiencia de Barcelona, donde el Ministerio Público pide 20 y 14 años de cárcel, respectivamente, para dos policías nacionales, uno de ellos inspector y el otro jubilado, por tráfico de drogas, coacciones, omisión del deber de perseguir delitos y revelación de secretos.
En la primera sesión del juicio, uno de los acusados se ha encarado con un testigo protegido y le ha llamado "traficante", lo que ha llevado al presidente del tribunal a ordenar su detención por un delito de desórdenes públicos.
Se trata de un testigo que ayudó a destapar la trama al denunciar ante los Mossos d'Esquadra que estaba siendo víctima de múltiples amenazas y coacciones por haberse negado a colaborar con la banda después de haberlo hecho en al menos una ocasión, cuando facilitó la entrada de un cargamento de cocaína al almacén del Puerto de Barcelona del que era encargado, a cambio de medio millón de euros.
Tras un receso para que los Mossos pudieran identificar y detener al acusado, la vista ha proseguido con las cuestiones previas, que han centrado la jornada, en la que las defensas han pedido la nulidad de todas las actuaciones y han cuestionado la legalidad de las escuchas telefónicas.
El Ministerio Público ha dicho que estas escuchas han permitido recabar "indicios sólidos" para formular sus acusaciones: "Se trata de dos policías, uno jubilado y otro en activo, que se relacionan con personas que trafican con drogas (...) y no dan cuenta a sus superiores de la existencia de estas reuniones o contactos que son objeto de investigación".
En España y en Europa
De acuerdo con el relato de la fiscal, al menos entre diciembre de 2014 y septiembre de 2017, los acusados "conformaron un entramado cuyo objetivo era la ilícita distribución desde la provincia de Barcelona de sustancia estupefaciente, cocaína, en nuestro país y en otros países europeos".
Los líderes de esta banda, que contaba con una "estructura jerarquizada", eran dos policías adscritos a la Unidad de Droga y Crimen Organizado (UDYCO) que se dedicaban a "instruir y aleccionar" al resto de miembros sobre "la forma de ocultar la actividad delictiva y desarrollarla sin riesgo de ser descubiertos".
Para ello, "les impartían pautas de actuación respecto al modo de comunicarse y de reunirse", aconsejándoles, por ejemplo, que redujeran las llamadas telefónicas y utilizaran la aplicación "wickr", que elimina automáticamente los mensajes una vez leídos, además de Telegram o Watshapp, que no son susceptibles de intervención judicial.
A principios de 2015, llegaron a introducir a través del Puerto de Barcelona 200 kilos de cocaína procedentes de Brasil valorados en 6,8 millones de euros, y los beneficios se blanqueaban invirtiendo en empresas, negocios y en la compra de inmuebles.
