El juez de Tsunami pide informes a la UE y la OTAN sobre los aeropuertos afectados por el bloqueo de El Prat

Toda la actividad judicial que no se le ha conocido al juez de la Audiencia Nacional Manuel García-Castellón a la hora de instruir el caso de Tsunami Democràtic en estos cuatro años la está haciendo ahora. En un auto notificado este lunes ha ordenado una batería de diligencias, cuyo resultado pide que le sea comunicado también al Tribunal Supremo, en las que se dirige a Enaire, a la UE y a la OTAN para interesarse por la afectación de aeropuertos europeos e internacionales y sus vuelos por el bloqueo del de Barcelona-El Prat el 14 de octubre de 2019, convocado por la plataforma en protesta a la sentencia del procés; también se interesa sobre los problemas de acceso que pudieron tener los controladores aéreos de la torre de Gavà.

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Entre la quincena de pruebas que ordena realizar, como si no se hubiera practicado ninguna en los cuatro años que la causa estaba bajo secreto, también pide informes al hospital que atendió al turista francés que falleció de un infarto durante las protestas, tomar declaración a su esposa y que se curse una comisión rogatoria a Francia para hacer un ofrecimiento de acciones a sus familiares, como corresponde en las causas por delito de terrorismo, calificación que el instructor mantiene, aunque ha sido recurrida por la Fiscalía y sobre la que tendrá la última palabra el Tribunal Supremo en el caso de que asuma la investigación.

El juez, que también ha ofrecido personarse a la Abogacía del Estado, ordena expedir un mandamiento, a través de la Guardia Civil, a la entidad pública Enaire, dependiente del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, para conocer todas las "incidencias relacionadas con el tráfico aéreo registradas" el día del bloqueo del aeropuerto. Pregunta "si se tuvo que desviar algún vuelo con destino" a Barcelona o se vieron afectados otros aeropuertos nacionales e internacionales, así como "cualquier incidencia registrada en la torre de control de Barcelona-Gavà.

El magistrado, que la semana pasada cursó una comisión rogatoria a Suiza para localizar a la secretaria general de ERC, Marta Rovira, y pedir información sobre una cuenta abierta en el país, también oficia a la Agencia Europea de Seguridad Aérea (EASA) para que informe sobre "las incidencias relacionadas con el tráfico aéreo registradas" ese día, como si hubo que desviar vuelos con destino a El Prat y el motivo.

A la OTAN, a través del Comandante supremo aliado en Europa (SACEUR), le pide las incidencias registradas en el Centro de Operaciones Aéreas Combinadas de la OTAN en Torrejón de Ardoz (CAOCT), así como cualquiera que se haya podido registrar en el tráfico aéreo nacional e internacional, relacionada con lo ocurrido en El Prat. Solicita que se desclasifique la pueda estar secreta para incorporarla a la causa. 

El juez justifica su petición en la necesidad de "profundizar en el impacto que los hechos que tuvieron lugar en el Aeropuerto de Barcelona pudieron tener en la aviación civil nacional e internacional, pues la acreditación de estos extremos resulta esencial para la calificación del hecho (...) como acción terrorista, de conformidad con el Convenio número 196 del Consejo de Europa, en relación con los Convenios de Montreal de 1971 y 1988", y la "consideración de Tsunami Democràtic como grupo terrorista en el sentido de la Directiva 2017/541 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de marzo de 2017, y los artículos 571, 570 y 573 del Código Penal español". 

Víctima

Si la primera parte de la batería de diligencias ordenadas se refiere a la afectación de vuelos y su consulta a todos los organismos que pueden tener datos, la segunda se centra en el fallecimiento que se produjo durante el bloqueo. En este sentido, pide a la Guardia Civil que recabe del Servicio de Emergencias Médicas (SEM) todas las incidencias médicas contabilizadas en el aeropuerto de El Prat, así como "todos los registros que tengan de aquel día en donde se contengan las circunstancias relativas al fallecimiento" del turista francés.

Entre ellas, se interesa por cuándo tuvo que ser asistido, quién y por qué se acordó su traslado en helicóptero al Hospital de Bellvitge, en L’Hospitalet de Llobregat (Barcelona), al que solicita el historial médico completo del fallecido. El juez quiere saber si hacerlo por carretera era imposible por la convocatoria de Tsunami Democràtic y cuánto se habría tardado. Ordena hacer el correspondiente ofrecimento de acciones a su familia y tomar declarar a su esposa, que le acompañaba. Según el auto, su hija ha manifestado a 'El Mundo' que cree que el bloqueo afectó a la dolencia que ya sufría su padre.

También quiere recabar las llamadas que se pudieron producir al centro de emergencias 112 por parte de sus familiares y cuándo se produjeron, así como las que se efectuaron por otros motivos y sobre cualquier incidencia registrada en las Terminales 1 y 2 que pudieran afectar a la seguridad del aeropuerto.

Jornada de reflexión

El magistrado también pide ahora a la Junta Electoral Central que informe sobre las actuaciones realizadas en relación con la jornada de reflexión del 9 de noviembre de 2019, así como si se llegó a efectuar algún requerimiento para impedir que se desarrollaran actos, a quién y su resultado. Según el juez, Tsunami hizo un llamamiento a desobedecer a la JEC durante la jornada de reflexión.

Así quiere que el Ayuntamiento de Barcelona informe de si autorizó el montaje de un escenario en la Plaza Universidad de Barcelona para la celebración de algún tipo de espectáculo, y en caso afirmativo, le indique quién pidió el permiso. Pide a la Guardia Urbana pide los registros que conserven sobre ese acto y los demás que se pudieran producir, así como si se efectuaron proclamas, discursos, mensajes o cualquier otro acto de naturaleza política expresamente prohibido por la ley orgánica electoral general durante la jornada de reflexión. También pide información al respecto a la Delegación del Gobierno en Catalunya.

El juez también ofrece personarse a Autopista Concesionaria Española SA (en adelante ACESA) por las pérdidas que le supuso el corte de la AP-7 a la altura de la Jonquera los días 11, 12, 13 y 14 de noviembre de 2019.

Por otra parte, la acusación que ejerce Dignidad y Justicia se ha opuesto al recurso que uno de los imputados, Oleguer Serra, ha presentado contra el rechazo de la recusación que ha interpuesto contra el magistrado.