Solicitan paralizar el ingreso en prisión del exmarido de Oltra condenado por abusos a una menor tutelada

Luis Eduardo R. I., el educador condenado a cinco años de prisión por abusos sexuales a una menor tutelada, ingresará en prisión el próximo 16 de febrero si nada lo evita. En un último intento de su defensa para paralizar la entrada en prisión de su patrocinado, exmarido de la exvicepresidenta del Consell, Mónica Oltra, han presentado este viernes en la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Valencia un escrito solicitando que se suspenda el ingreso voluntario en prisión hasta que el Tribunal Constitucional resuelva el recurso de amparo.

La defensa del educador ha recurrido al Constitucional alegando vulneración de los derechos fundamentales de Luis Eduardo R. I. Así, consideran que no hay riesgo alguno de fuga, ya que el condenado siempre ha permanecido a disposición de la Justicia desde que se iniciaron las acciones contra él en el año 2018, “estando localizable en todo momento”.

De igual modo, argumentan que en caso de ingresar y que el citado recurso sea estimado, ya se habría cumplido una parte importante de la pena en prisión y el recurso de amparo carecería de finalidad. Y que se tenga en consideración que ya se ha pagado íntegramente la responsabilidad civil solicitada por la Fiscalía, 6.000 euros.

El Tribunal Supremo confirmó el pasado 14 de diciembre la condena de cinco años de prisión por un delito continuado de abuso sexual, con prevalimiento, a menor de 16 años, al considerar probado que realizó tocamientos a la niña tutelada aprovechando su condición de educador cuando entraba por la noches en la habitación de la menor con la excusa de hacerle masajes.

Su ingreso en prisión ya fue retrasado después de que se esgrimiera una cita médica, que inicialmente se dijo “por error” era el día 5, cuando era día 15 de febrero, por lo que su defensa solicitó posponer diez días su ingreso en la cárcel de Picassent.

Tras la interposición del recurso de amparo, su defensa pide ahora que se suspenda el ingreso en prisión hasta que se resuelva el mismo, o al menos hasta que el Tribunal Constitucional decida si admite o no a trámite el mismo.