Hace tiempo que, en Plena inclusión, muchas voces demandan cambios en el modelo tradicional de servicios residenciales. La situación vivida en algunas residencias con la pandemia reforzó ese clamor por la desinstitucionalización.
El propio Gobierno de Aragón se ha mostrado partidario de que las entidades de atención a la discapacidad intelectual vayan avanzando hacia modelos menos masificados y más parecidos a un hogar familiar. Y, ahora, los fondos llegados de Europa a través del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, van a permitir ir dando pasos en esa dirección.
El Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030 pretende transformar los modelos residenciales para colectivos vulnerables como las personas sin hogar, con discapacidad o de edad avanzada. Para ello, distintas entidades sociales van a implementar soluciones innovadoras que permitan transitar hacia otros en los que predominen las viviendas y servicios de apoyo integrados en la comunidad.
A este fin, el Gobierno de España va a destinar, de aquí al 2024, 25 millones de euros para extraer aprendizajes orientados a transformar el sistema de servicios sociales residenciales para la discapacidad intelectual. Serán gestionados por Plena inclusión, en siete comunidades autónomas, mediante el proyecto Mi casa: una vida en comunidad.
De esa cantidad, Plena inclusión Aragón dispondrá de 2,5 millones para desarrollar esta experiencia, coordinando a las cuatro entidades participantes: Atadi, Valentia, Fundación Cedes y Kairós. Algo que no habría sido posible sin la total implicación de la Consejería de Ciudadanía y Derechos Sociales del Gobierno de Aragón, pues el fin último es investigar si el nuevo modelo impacta de forma positiva en la calidad de vida de las personas usuarias, y su viabilidad económica, con el fin de transformar la normativa y los catálogos de servicios sociales.
Si la experiencia es positiva, el Ejecutivo aragonés se ha mostrado favorable a continuar trabajando en esta línea, más allá del fin del proyecto. De hecho, ha adquirido el compromiso de seguir manteniendo las viviendas a partir del año 2024, sufragando por esta vía las plazas residenciales que corresponden a las 26 personas que, en octubre, se mudarán desde sus residencias a viviendas ordinarias. Además, 30 usuarios de centros y servicios diurnos desarrollarán sus planes de vida en comunidad. En el conjunto de España, el proyecto va a beneficiar a 759 personas con discapacidad intelectual y grandes necesidades de apoyo.
