Crisis en el Gobierno alemán por la regulación de la inmigración

La coalición rojiverde que gobierna en Alemania puede romperse si no se superan las serias discrepancias del Partido Socialdemócrata (SPD) y sus socios de coalición, Los Verdes, sobre el proyecto de ley destinado a regular la inmigración en Alemania.

El partido ecopacifista dio ayer por cerradas las conversaciones con la oposición conservadora y, de forma unilateral, se niega a seguir negociando, mientras el SPD insiste en la necesidad de agotar el diálogo. Los Verdes apuestan por renunciar a buscar el consenso al que había quedado supeditada la ley.

DISCREPANCIA El punto en el que la discrepancia es mayor es el de la expulsión de extremistas. Tras el 11-M, el Gobierno y la oposición incluyeron en la ley un procedimiento para acelerar la expulsión de estas personas. Sin embargo, posteriormente, la oposición --sin cuyo consenso no se puede dictar la ley (controla el Bundesrat, el Parlamento de los estados)-- ha aumentado sus exigencias y pide someter a los sospechosos a vigilancia intensiva y recluirlos dos años cuando no se puedan expulsar de inmediato. Aunque hay consenso sobre la necesidad de la medida, Los Verdes y la oposición no se ponen de acuerdo en su alcance. Para los primeros afectaría a 200 individuos; para los segundos, a 3.000, es decir, todos los fichados por los servicios secretos como radicales en potencia

El ministro de Interior, el socialdemócrata Otto Schily, dijo ayer que si Los Verdes no cambian de actitud habrán "provocado una verdadera crisis en el seno de la coalición". "Los Verdes no deben desalentarse. Juntos entramos a gobernar y juntos debemos salir", afirmó ayer el secretario general del SPD, Uwe Benneter, a este diario. Benneter dijo comprender a sus socios, ya que "los partidarios de la línea dura en la oposición cristianodemócrata intentan sacar provecho de la situación con propuestas populistas, pero no por ello se deben perder los nervios", dijo.