No lleva ni un mes de vuelta y Binyamín Netanyahu ya se ve salpicado por su primera crisis de gobierno. Así, el Ejecutivo de Israel, el más derechista de la historia del país, sigue la estela de la inestabilidad política que ha dominado las instituciones hebreas durante el último lustro. Esta vez, la destitución de un ministro acusado de corrupción tras un fallo del Tribunal Supremo puede hacerle perder un aliado clave al rey Bibi. Además, la polémica reforma judicial que diseña el nuevo gabinete se enfrenta a la resistencia en las calles de miles de israelís

La sentencia judicial que prohibía al líder de Shas, Aryeh Deri, ocupar los cargos de ministro de Interior y de Sanidad llegó en el momento justo. La sociedad israelí está sumida en un debate esencial que puede cambiar su propio sistema político. Por un lado, los miembros del nuevo gobierno conservador han usado sus primeros días en el poder para poner en marcha una reforma del poder judicial. Aupados por la mayoría en las urnas, buscan debilitar el Tribunal Supremo, limitar la supervisión judicial y otorgar más poder a los políticos para tener la capacidad de rescindir cualquier decisión en las cortes con una mayoría simple en el Parlamento. Por otro lado, gran parte de la población ha respondido alarmada a estas iniciativas y se ha lanzado a la calle a miles. 

Enfrentamiento a campo abierto

Durante la semana pasada, el enfrentamiento se convirtió en una batalla a campo abierto. El mismo Tribunal Supremo que los socios de Netanyahu quieren erosionar declaró que Deri no podía ocupar ninguna cartera ministerial por su acuerdo de culpabilidad en un delito de fraude fiscal de hace un año que le evitaba la cárcel pero le inhabilitaba para ocupar cualquier cargo político. El máximo órgano judicial situaba al primer ministro en una encrucijada al exigirle que destituyera a su aliado más longevo, cuyo nombramiento sufría “una extrema irracionalidad”. Finalmente, Netanyahu claudicó ante la institución que pretende dañar y este domingo despidió a Deri “con gran pena”.

Con esta destitución, de alguna forma, el poder judicial reafirma su legitimidad. Las protestas que han congregado a miles de personas durante los tres últimos sábados en las principales ciudades del país reciben el apoyo de los partidos de la oposición y de los expertos legales. Estos afirman que la ofensiva contra la rama legal del sistema político israelí erosiona los mecanismos de controles y equilibrios del país y pone en riesgo los fundamentos democráticos de Israel. Pero el gabinete de gobierno, que junta a políticos de extrema derecha y otros perseguidos por la justicia, como el propio Netanyahu, se refugian en la mayoría parlamentaria para afirmar que es el pueblo quién pide estos ataques al poder judicial. 

Boicot a la reunión de gobierno

Por eso, se espera que el despido de Deri sacuda la coalición de gobierno. Aunque los legisladores de su partido ultraortodoxo Shas, el tercer más grande en el gabinete, amenazaron con abandonar la unión tras el fallo judicial, tampoco están dispuestos a renunciar al poder. Ahora, los esfuerzos se centran en este asalto al poder judicial. Buscan elaborar una legislación que le permita escapar de las directrices del Tribunal Supremo para que Deri vuelva a ser ministro. El propio Netanyahu también se ve afectado por limitaciones legales, ya que al estar acusado y siendo procesado por cargos de corrupción, no puede ejercer de ministro aunque sí de primer ministro. 

A su vez, otro espinoso asunto hace tambalear la coalición de gobierno. El partido de extrema derecha, Sionismo Religioso, boicoteó la reunión del gabinete del domingo en protesta contra la decisión del viernes del ministro de Defensa de demoler un puesto de avanzada que los colonos habían erigido en la Cisjordania ocupada. Netanyahu se enfrenta a varios desacuerdos con sus socios de gobierno. Mientras, los expertos legales y exdiputados se han unido a las críticas de la presidenta del Tribunal Supremo y la fiscal general. Desde las calles, la sociedad israelí denuncia que estas peligrosas iniciativas contra el poder judicial lo que persiguen, en definitiva, es esquivar el juicio por corrupción que planea sobre Netanyahu.