Un bufete español anuncia a Maduro un arbitraje millonario por la usurpación de un rascacielos en Caracas

Un bufete español especializado en arbitrajes internacionales, B.Cremades & Asociados, iniciará un procedimento contra el Gobierno de Nicolás Maduro en Venezuela por la "confiscación y ocupación forzosa" de la Torre Épsilon en Caracas, un edificio de 15 plantas cuya propiedad reclama una sociedad radicada en Barbados y que desde agosto de 2010 fue declarada de "utilidad pública".

La 'ocupación' del edificio, según los reclamantes, se realiza por parte del Centro Internacional de Inversión Productiva (CIIP), un organismo estatal venezolano que, paradójicamente, es el encargado de promocionar la inversión extranjera en Venezuela. De su directiva forma parte la vicepresidenta y ministra de Economía y Finanzas, Delcy Rodríguez, que contaría con un despacho en el edificio. Se trata de la misma dirigente que protagonizó un incidente diplomático en enero de 2020 en España tras conocerse que había aterrizado en el aeropuerto de Barajas en Madrid podría haberse reunido con el entonces ministro José Luis Ábalos, a pesar de tener prohibida su entrada en la UE.

La cuantía de la reclamación asciende a 116 milones de dólares, y el bufete español se ampara en un Tratado para la Promocion y Protección de Inversiones firmado entre la República Bolivariana y el Gobierno de Barbados en 1994 para dar tres meses de plazo a los responsables gubernamentales venezolanos antes de someter este asunto a un arbitraje. El procedimiento se celebrará con base en las las reglas establecidas por la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional.

La reclamación parte de la sociedad Bottlenose Investments Limited, constituida y domiciliada en Barbados, una jurisdicción que protege la identidad de los accionistas. La notificación de la controversia, con acuse de recibo del Ministerio del Poder Popular para las Relaciones Exteriores y al que ha tenido acceso El Periódico de España, del grupo Prensa Ibérica, tiene fecha del pasado 20 de octubre y se dirige contra cuatro responsables venezolanos: el presidente Nicolás Maduro, el ministro de Exteriores Yvan Gil Pinto, la vicepresidenta Rodríguez y el procurador general de la República, Reinaldo Enrique Muñoz.

Oficinas, comercios y estacionamiento

En el documento se resume la situación, subrayando que Bottlenose adquirió los derechos de propiedad sobre Torre Épsilon entre diciembre de 2008 y enero de 2009. Según se detalla en la notificación, los citados derechos se establecen sobre un total de 5.529 metros cuadrados de oficinas, 1.182metros cuadrados de locales comerciales y 280 plazas de estacionamiento en la Torre Épsilon.

El edificio, situado en la Urbanización El Rosal del municipio de Chacao, en Caracas, fue construido por una asociación civil cuyos socio adquirieron la propiedad de los distintos locales mediante cuotas de participación. El 46,14 por ciento de las mismas fueron compradas por la Compañía Nacional Anónima de Seguros La Previsora, que en enero de 2009 vendió a Bottlenose "la totalidad de sus derechos de propiedad".

 A lo largo del año siguiente, sin embargo, el Gobierno venezolano emitió una serie de decretos que concluyeron con la expropiación de La Previsora y la declaración de "utilidad pública y social" de todas sus acciones y bienes "entre las que se pretendió incluir ilegítimamente el edificio Torre Épsilon", ignorando por completo los derechos de propiedad de Bottlenose, según los reclamantes. Se intentó además vender el edificio a un tercero, la compañía Santa Bárbara Airlines, lo que dió inicio a un procedimiento judicial que concluyó cuando se resolvió el contrato de compraventa en 2014.

Desde el punto de vista de los reclamantes, la compensación por los daños y perjuicios sufridos en su inversión en Venezuela por parte de la sociedad de Barbados no puede ser en ningún caso inferior al valor de los derechos de propiedad a fecha de la expropiación, que según cálculos de estaparte se estima en al menos 116 millones de dólares.

La reclamación añade que las medidas adoptadas por el Gobierno de Maduro en perjuicio la compañía suponen graves violaciones e incumplimiento del Tratado para inversiones vigente entre ambos países y también del Derecho Internacional, al que la sociedad acude "para restablecer sus derechos y recibir una compensación total por las pérdidas sufridas".

La notificación concluye solicitando un "acuerdo amistoso" aunque, de no producirse, la sociedad iniciará el procedimiento de arbitraje encomendado al letrado español, experto en la materia. El abogado Bernardo Cremades ya participó en 2018 en la reclamación millonaria que los supuestos herederos del Sultán de Joló, de origen filipino, presentaron contra Malasia por la vulneración de un contrato de arrendamiento de recursos naturales que se firmó en 1878 sobre ciertos territorios que hoy forman parte del país asiático.