Será difícil que en un conflicto de competencias en materia hidráulica y de territorio, Aragón gane un procedimiento ante el Gobierno español. Digo esto porque es más que probable que la Administración central recurra la nueva ley aragonesa que plantea blindar la presa de Mequinenza. Pero al margen del fallo, la provocación por la velocidad de los trámites del trasvase, sin esperar la decisión de Europa, sin atender a la configuración del ejecutivo catalán y ninguneando a los aragoneses, invita a aplaudir no sólo esta ley, sino cualquiera similar que al menos respete nuestro derecho al pataleo, que hasta eso nos quieren quitar.
