Hace ya mucho que la DGA debería haber tomado cartas en el asunto urbanístico. Las expansiones desenfrenadas no son el camino a seguir. No solo consumen más recursos naturales y encarecen los servicios, sino que las administraciones consiguen recaudar por vía indirecta lo que no se atreven a pedir a través de los impuestos. El modelo es, por tanto, perverso, y solo desde un ejercicio implacable de quien tiene las competencias, en este caso el Gobierno de Aragón, se conseguirá un crecimiento ordenado. Todavía se puede aspirar al desarrollo armónico de zonas metropolitanas o turísticas, objeto de deseo de los promotores.
