El nuevo abogado de Carmelo Aured, César Ciriano, respondió anteayer al fiscal provincial de Zaragoza y mantuvo su tesis de que la instrucción de la operación Molinos está viciada por los presuntos intereses en el caso de la fiscala, cuyo marido, sostiene, fue competidor de Aured en algunos negocios urbanísticos en la época que se investigó en el caso.
Ciriano y su equipo de letrados han aducido varias presuntas causas de nulidad del proceso, entre ellas irregularidades de las escuchas policiales --que ya han sido avaladas por la Audiencia tras anteriores recursos de otros letrados--, o que el caso debería haber sido investigado por la Guardia Civil en lugar de por la Policía, por competencias territoriales. Por el momento no ha prosperado ninguna de estas iniciativas.
La que más polvareda levantó fue su petición de retirada de la fiscala, un escrito presentado el 23 de diciembre que contestó el fiscal provincial, en defensa de su subordinada, anunciando acciones por las "injurias" y difamaciones al ministerio público. Unas acciones que Ciriano niega haber cometido, al tiempo que reitera que presenta datos "comprobables y fehacientes" sobre estas presuntas incompatibilidades.
El letrado también mostraba en sus escritos su convencimiento de que existieron órdenes para que la instrucción no incluyese otras presuntas irregularidades.
