Los 147 millones de euros de indemnización ya no son un problema para el acuerdo entre la Fiscalía Anticorrupción y los 25 procesados por el caso saqueo de Plaza. Acciona llegó a un acuerdo con la DGA para pagar, a pesar de ser responsable civil subsidiario, parte de la cantidad que solicitaba la DGA. No obstante, ahora acaba de surgir una nueva vicisitud: la empresa pública Plaza pide suspender el juicio, alegando que los acuerdos tienen que ser presentados a los miembros del consejo de administración y respaldados por los mismos. A esta petición se unieron, con el paso de las horas, el ministerio público y Acciona quienes creen conveniente que el juicio que debía comenzar el lunes sea aplazado. El escenario ha cambiado y son muchos los actores que quieren revisar su posición.
DEUDA
El acuerdo entre la DGA y Acciona garantiza a Plaza la cancelación total de la deuda sobre la urbanización de la plataforma que aún mantenía incluida en sus cuentas y, además, el pago en metálico de una parte relevante de los daños reclamados. En total, ello supone el retorno inmediato y definitivo a las arcas públicas de una cantidad aproximada a los 60 millones de euros, por diversos conceptos. La forma de hacerlo será mediante una transferencia de unos 60 millones de euros por parte de Acciona a la cuentas del Gobierno de Aragón. El resto de la cantidad hasta alcanzar los 147 millones de euros se realizará mediante el procedimiento del arbitraje judicial. En cualquier caso, la cantidad garantizada es independiente del resultado final del arbitraje y quedará definitivamente en manos públicas.
El arbitraje acordado es una forma de resolver conflictos complejos entre empresas que se utiliza con frecuencia. El laudo arbitral equivale a una sentencia judicial y produce sus mismos efectos, incluso en el ámbito judicial, dejando definitivamente resuelta la cuestión. Tiene además la gran ventaja de que, como máximo, pondrá fin a la controversia en un plazo breve, nunca superior a un año. Los tres árbitros, que deberán tener formación y experiencia específicas en la materia objeto de arbitraje, son habitualmente elegidos por consenso entre las partes y con criterios estrictamente técnicos y profesionales.
CONVERSACIONES
A partir de ahora comienzan las conversaciones de los abogados defensores de los procesados con la Fiscalía Anticorrupción en aras de llegar a un acuerdo. Según fuentes consultadas, existe un borrador de dicho pacto global en el que, por ejemplo, el exgerente de Plaza, Ricardo García Becerril (que se enfrentaba inicialmente a 23 años de prisión) aceptaría una condena mucho menor, aunque ingresaría igualmente en prisión. Lo haría a cambio de salvar a sus dos hijas, Carolina y Patricia García, y a su exmujer, Elena Planté, que también se sentaba en el banquillo. Estas tres mujeres podrían ser consideradas partícipes a título lucrativo de la actividad ilegal del exgerente, la misma fórmula que el tribunal de la Gürtel aplicó a la exministra popular de Sanidad, Ana Mato, en relación a su exmarido, el alcalde de Pozuelo de Alarcón, Jesús Sepúlveda.
Otro de los encausados que, según estas fuentes, no se libraría de ingresar en prisión sería el directivo de Acciona, José María Jordán. Quienes no van a llegar a ningún acuerdo con la Fiscalía Anticorrupción son el exviceconsejero socialista de Obras Públicas, Carlos Escó; el constructor Agapito Iglesias; el presidente de Porcelanosa, Miguel Colonques, y el empresario Miguel Ángel Floría. Tanto los que van a pactar con el ministerio público como los que se mantienen inmóviles tendrán que sentarse este lunes en el banquillo de la Audiencia Provincial de Zaragoza. Inicialmente era el momento de ratificar los acuerdos, pero ante la solicitud de aplazar la vista lo más probable es que se posponga.
