La jueza Mercedes Alaya, que investiga el pago de comisiones en la denominada operación Enredadera, ha fijado una fianza de más de 410.000 euros para los dos empleados --uno de ellos ya jubilado-- de Adif Zaragoza imputados en esta causa.

La mayor parte de esa cantidad, 401.600 euros, se los exige al jefe del Área de Mantenimiento, José Antonio García Pascual. A través de un auto, la jueza justifica esta elevada cantidad en que la responsabilidad pecuniaria debe "calcularse al triplo del valor" supuestamente percibido de forma irregular.

Este directivo recibió, presuntamente, 100.440 euros, a través del director comercial de Fitonovo, Juan Andrés Brugueras Foye, entre los años 2003 y 2009, tal y como adelantó EL PERIÓDICO. Dentro de ellos estarían los 500 euros en pastillas de Viagra con los que se le pagó, según el administrador único de la firma de control de vegetación, José Antonio González Baro.

La titular del Juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla reconoce que es una importante cantidad, por lo que también ha decretado el embargo de sus bienes, así como el bloqueo de sus cuentas.

TÉCNICO

Al otro de los arrestados en la capital aragonesa, a Miguel Ángel Muñoz Tejero, que era técnico de Infraestructuras y Vías de Adif, le pide 36.000 euros. En las pesquisas de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil se le señala por recibir 9.000 euros en regalos. Ambos habrían sido comprados por la empresa Fitonovo "por facilitar la adjudicación y ejecución de los contratos a esta empresa". En el escrito, la jueza que también investiga el caso de los ERE de Andalucía no duda en asegurar que está "demostrado que los dos trabajadores de Adif Zaragoza recibieron esas cantidades en concepto de ilícita comisión, tal y como resulta acreditado por los archivos de la caja B de Fitonovo, y por los asientos contables del programa de contabilidad de dicha empresa".

Una sospecha que ya rechazaron durante su declaración judicial. El técnico de mantenimiento llegó a señalar que no tenía ninguna fuerza para que una empresa fuera elegida o no en un concurso público.

La instructora ha fijado las mayores fianzas civiles para los responsables de esta empresa de jardinería, acordando mantener la fianza civil de 8.257.325,72 euros al dueño de la sociedad, Rafael González Palomo, mientras que a su hijo, José Antonio González Baró, que asumió la dirección en 2011, se fija una fianza de 5.780.128 euros.

Al coordinador de la caja B, Ángel Manuel Macedo Gajete, Alaya ha elevado esta fianza hasta los 2,4 millones, y de 4,9 millones al director comercial, Juan Andrés Bruguera, único imputado en la operación Enredadera que continúa en prisión provisional.