La Delegación del Gobierno en Aragón aún no ha aclarado al Defensor del Pueblo si piensa respetar el derecho de reunión más de lo que lo ha hecho hasta ahora. Este órgano emitió una recomendación a la institución que dirige Gustavo Alcalde, recomendándole que "modificase el criterio" que mantuvo en tres resoluciones de junio del 2012 y mayo del 2013, en las que prohibió o limitó la celebración de concentraciones.
En una de ellas, la del 20 de mayo --convocada por el Movimiento Hacia un Estado Laico (MHUEL)--, la negativa de la Subdelegación del Gobierno en Zaragoza le valió una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Aragón (TSJA), que la anuló.
En su respuesta a la recomendación, la Delegación se limita a señalar que acepta la doctrina y criterios del TSJA, pero no se pronuncia sobre si acepta la sugerencia de cambiar de criterio o no. En teoría, debería admitirla o rechazarla, y en este último caso exponer los motivos de la negativa. A MHUEL le parece "inaudita y lamentable" esta falta de respuesta.
