Los alcaldes de los barrios rurales de Zaragoza van a por todas. En concreto, a por los 3,5 millones del convenio entre el ayuntamiento y la Diputación Provincial de Zaragoza (DPZ) que no van a ejecutarse, de los 9 totales presupuestados. Los primeros ediles piensan ir todos a una para exigirle al alcalde, Jorge Azcón, que mueva cielo y tierra para evitar que el destino de esos millones sean las cuentas de la DPZ y le proponen que se invierta en otras actuaciones de menor envergadura y coste. Mientras, desde la concejalía de Barrios Rurales aseguran que están buscando las fórmulas para poder encontrarles destino.
La historia se repite porque no suele ser habitual que no se ejecuten todas las obras que se incluyen en este convenio. Normalmente se terminan una vez que ha vencido, pero parece que esta vez no va a suceder y van a ser muchos los proyectos que se van a quedar en el tintero, como pasó con los pabellones que prometió el anterior equipo de Gobierno de Zaragoza en Común (ZeC) a pesar de que iba a dispararse el coste y que tendría que asumir la corporación que tomara el mando.
La alcaldesa de Peñaflor, Mamen López, y el La Cartuja, José María Lasaosa, ambos de ZeC, critican que la ejecución del convenio «no llega al 50%» y exigieron que el presupuesto cuente con los barrios rurales, algo que, coincidieron, es una «cuestión de voluntad política». Desde Garrapinillos, Mariano Blasco, alcalde socialista, no esconde su enfado por la gestión llevada a cabo del convenio desde el primer momento. «Tienen que gestionar, no limitarse a devolver el dinero sobrante en lugar de intentar reinventirlo en otras obras, porque hacen falta muchas mas actuaciones».
Según Blasco, tendrían que intentar ejecutar los 3,5 millones durante el 2021, un año extra en el convenio que se acordó para ejecutar obras menores. Cristina Vargas, también socialista y alcaldesa de Montañana, lamenta que se les trate «como vecinos de segunda e incluso de tercera, cuando tienen los mismos derechos».
En Juslibol, su alcalde popular, Miguel Velilla, explica que se ha quedado sin hacer la obra más importante pendiente, como era el cubrimiento de la acequia. Según Velilla, «el problema no es nuevo, sino que pasa con todas las corporaciones». «No entiendo qué es lo que sucede que nunca se ejecutan».
De hecho, los alcaldes coinciden en que el principal problema es la dependencia del consistorio con la DPZ para realizar cualquier obra. «Hasta para levantar un adoquín necesitan a la DPZ», ironiza Blasco. El más confiado es José Antonio Hernández (Cs) de San Gregorio, que asegura que el próximo convenio contemplara las obras pendientes y los 3 millones sin gasta.
NEGOCIACIONES / Por su parte, desde la concejalía de Barrios Rurales aseguran que se está haciendo todo lo posible por no perder esos 3 millones, para lo que están en constante conversación con la Diputación. Según explican, cuando llegaron al Gobierno, en junio del 2019, la ejecución del convenio era de 2,3 millones y ahora 3,5, de los 9. Tras analizar las actuaciones pendientes constataron que había un exceso de coste de 5,1 millones respecto a los presupuestos iniciales, derivados principalmente de los pabellones municipales que ZeC prometió construir en Garrapinillos, Monzalbarba o San Juan de Mozarrifar. «Solo con estos centros había un exceso de 1,6 millones», comentaron, por lo que, insisten, no han podido impulsarlos.
Desde la concejalía insisten en que están buscando «todas las fórmulas» para que esos tres millones no se pierdan y puedan invertirse en los barrios.
Las instituciones negocian en busca de alternativas
Desde el Ayuntamiento de Zaragoza aseguran que llevan meses buscando alternativas para evitar que se pierdan 3,5 millones del convenio 2017-2020 con la Diputación de Zaragoza. En noviembre del 2019 plantearon cambiar algunos de las obras contempladas en el acuerdo, pero fue descartado por la DPZ por problemas jurídicos, según explican. En febrero de este año, el consistorio propuso a la Diputación que los 3 millones sin ejecutar en el presente convenio se sumaran al futuro, de manera que se elevaría a los 12, algo que también rechazaron porque les obligaría mantener esta cifras en próximos convenios. Ahora, según indican fuentes municipales, le proponen que se reinviertan en otras obras también pendientes y que se amplíe, todavía más, el plazo.
