Un documento demostraría que el empresario del carbón Victorino Alonso gestionaba el coto de caza de Bastarás (Huesca), donde se ubicaba la Cueva de Chaves, destruida a pesar de ser uno de los yacimientos del neolítico más importantes del país.

Se trata de un presunto contrato de arrendamiento que suscriben un representante de los siete propietarios de los terrenos donde se localizaba el coto y el empresario en representación de la sociedad arrendataria, Fimbas. El contrato, suscrito el 13 de octubre de 2008 con un plazo de duración de 10 años y una cuota anual revisable de 7.290 euros, deja en manos del arrendatario la gestión del coto así como los gastos derivados de su mantenimiento.

El acuerdo vincula a Victorino Alonso a la gestión del coto, por lo que el titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Huesca que investiga el caso ha citado para el próximo día 4 de marzo a la persona que lo firmó en nombre de los propietarios para que acredite su autenticidad. Esta podría ser la última de las pruebas acordadas por el instructor antes de tomar una decisión definitiva sobre la apertura de juicio oral.

La última prueba testifical tuvo lugar el pasado 28 de enero y en ella, un extrabajador de Fimbas también imputado en la causa aseguró que Alonso era "el único jefe y patrón de todos los negocios" en la finca de Bastarás. Este testigo aseguró que las órdenes para destruir el yacimiento y ubicar las instalaciones para los animales que introducían en el coto para su posterior caza partieron del empresario.

La destrucción de Chaves fue denunciada en 2009 por la fiscalía oscense a instancias del Gobierno aragonés, que presentó la documentación referida a los daños causados al yacimiento, en el que trabajaba desde años atrás el exdirector del Museo de Huesca Vicente Baldellou.