El pleno de las Cortes de Aragón ha aprobado hoy la modificación de la Ley reguladora de la iniciativa legislativa popular (ILP), que originariamente fue presentada por el PSOE y que, tras el trámite parlamentario, ha sido duramente criticada por la oposición por cicatera y restrictiva.

La iniciativa legislativa popular es el instrumento de que disponen los ciudadanos, contemplado en el Estatuto de Autonomía de Aragón, por el que constituyéndose en comisiones promotoras pueden proponer a las Cortes la elaboración de leyes, contando con el respaldo de un determinado número de firmas de ciudadanos.

El PSOE presentó esta proposición de ley hace un año, y tras su trámite en ponencia y posición se ha aprobado hoy con un resultado que, según ha asegurado en el pleno los portavoces de los grupos de la oposición (PSOE, CHA e IU), no tiene nada que ver con el espíritu original con el que llegó a las Cortes.

De hecho, el portavoz socialista, Carlos Tomás, ha reconocido que el resultado final, después de la incorporación de 17 enmiendas conjuntas de PP y PAR, es "decepcionante" y no satisface a los socialistas.

Aunque mejora la ley anterior, que data de 1985, la nueva es "totalmente insatisfactoria", porque los grupos que sustentan al gobierno han rechazado incluir artículos para incrementar las posibilidades de su aplicación, ha dicho Tomás.

Según han relatado los portavoces de la oposición, el PP y el PAR han rechazado cuestiones como que las ILP puedan ser presentadas y puedan contar con las firmas de los empadronados mayores de 16 años y por los extranjeros con vecindad aragonesa, ya que se mantiene que solo quienes integran el cuerpo electoral, y por tanto sean mayores de edad y con derecho a sufragio activo, puedan hacerlo.

Además, se ha rechazado que los ayuntamientos y comarcas puedan presentar iniciativas y se ha fijado el número de firmas necesarias -que en la ley de 1985 estaba en 15.000- en 12.000, cuando la proposición del PSOE pedía 10.000 y CHA e IU solicitaban 7.500 y 8.000, respectivamente.

Los tres portavoces también han lamentado que se queden excluidas de las materias que pueden ser objeto de una ILP las relativas a la organización institucional de Aragón, las de naturaleza presupuestaria y tributaria y todas aquellas sobre las que la comunidad autónoma no tenga atribuida competencia legislativa.

Todo ello supone, según PSOE, CHA e IU, que la ley ha quedado "desvirtuada" y no responde a las demandas de regeneración y apertura que exige la sociedad, porque PP y PAR, según Patricia Luquin, de IU, "no creen y no defienden la participación activa y real" de los ciudadanos en la política.

Pero la portavoz popular, Yolanda Vallés, ha defendido las mejoras que introduce la modificación de la ley, como el incremento de la consignación económica a la comisión promotora, que pasa de 6.000 euros a 20.000 euros, siempre que se admita a trámite independientemente de que sea aprobada, al contrario de lo que sucedía hasta ahora.

Vallés ha defendido que se requieran 12.000 firmas, que supone el 0,8% del censo electoral, frente al 1,17% que se requiere en las ILP que se presentan al Congreso de los Diputados, por ejemplo, y ha defendido que las iniciativas sólo puedan ser presentadas por "titulares de derechos políticos", dada la importancia que tiene, en la actividad política, la iniciativa legislativa.

Por el PAR, Antonio Ruspira ha considerado que la ley se mejora con cuestiones como la ampliación del plazo para la recogida de firmas, que pasa de seis más tres de prórroga a nueve más tres.

Ruspira ha defendido que no se incluya a los ayuntamientos entre quienes pueden presentar una ILP porque éstos, mediante los respectivos grupos parlamentarios, pueden tener acceso a proponer leyes e iniciativas.

Por CHA, José Luis Soro ha criticado la "hipocresía" del PP y el PAR, que habla de regeneración democrática pero "desmantela" una iniciativa de participación ciudadana.