El consejero de Desarrollo Rural y Sostenibilidad del Gobierno de Aragón, Joaquín Olona, ha conseguido por primera vez un apoyo casi unánime por parte de todas las Comunidades Autónomas a la posición respaldada por las Cortes de Aragón para suprimir el sistema de derechos como condición indispensable para abordar una reforma en profundidad de la PAC.
Este apoyo lo ha logrado Olona, según informa el Ejecutivo aragonés en una nota de prensa, durante su participación este lunes en el Consejo Consultivo Extraordinario de Política Agrícola para debatir sobre la reforma de la PAC.
El consejero ha calificado este logro como una “excelente noticia”, ya que ha asegurado que “la eliminación de los derechos es un elemento clave para facilitar la entrada de jóvenes agricultores al sector".
Además, Olona ha valorado el trabajo de los últimos meses y el acuerdo en dos cuestiones relevantes como poner en marcha de forma urgente la elaboración del Plan Estratégico Nacional de la PAC sin esperar a que se terminen de aprobar los reglamentos comunitarios y con el propósito de llevar la iniciativa a escala europea.
“Esta es una posición que desde Aragón manteníamos desde los inicios para influir y tomar iniciativa”, ha recordado Olona.
La segunda cuestión es el acuerdo unánime sobre la necesidad de establecer límites en los pagos, o de poner en primer término la rentabilidad de las explotaciones.
Desde la consejería se considera que el medio rural necesita armas para "luchar contra el cáncer de la despoblación", al mismo tiempo que la agricultura precisa de un importante relevo generacional.
Así, ha defendido la necesidad de una ayuda complementaria a la renta en favor de quienes, aún con los pagos directos percibidos, no alcancen la renta de referencia nacional corregida en función de las características del beneficiario.
Otro punto clave para el desarrollo de las zonas deprimidas o la fijación de población y en el que consejero ha hecho hincapié es la creación de regadío. En este sentido, Olona ha recordado que, durante esta legislatura, en Aragón se ha apostado y ha avanzado mucho en esta dirección a través de las medidas existentes en el Programa de Desarrollo Rural 2014-2020.
"El potencial que ofrece el segundo pilar es muy importante, si bien es necesario una política específica nacional para el desarrollo de las grandes infraestructuras que exige el acceso a la sociedad de la información en todo el territorio rural”, ha comentado.
Sobre la necesidad de priorizar la equiparación de las rentas de los agricultores con los activos del resto de la economía, Olona ha dicho que “es necesario el apoyo específico y diferencial a la explotación familiar como base real del mantenimiento demográfico del nuestro medio rural, frente al riesgo creciente de una agricultura tendente hacia empresas o corporaciones gestoras de la tierra y de la producción primaria.
En cuanto a la reforma de los pagos directos, Olona ha defendido la necesidad de definir al “agricultor genuino” como aquel que, asumiendo los riesgos propios de la actividad agraria, tiene una elevada dependencia económica de dicha actividad en términos de ingresos por ventas en relación con los ingresos totales.
También ha hecho hincapié en que las diferentes medidas necesitan de una mayor atención hacia los instrumentos fiscales y de seguridad social a nivel del Estado que determinen, de una forma más precisa y coherente, quiénes y en qué condiciones pueden desempeñar la actividad económica agraria las personas físicas o jurídicas.
