Aragón figura como una de las comunidades autónomas con menor número de ancianos dependientes, según un estudio sobre Envejecimiento y Salud presentado ayer por la Fundación Pfizer y la Fundación Sanitas. Así, por ejemplo, se asegura que Navarra, País Vasco, y La Rioja en primer lugar, se sitúan como las comunidades con menor número de personas dependientes. En el polo opuesto, Murcia, Andalucía y Castilla León cuentan con los mayores porcentajes. Así, 1.700.000 españoles requieren ayuda para alguna actividad básica de la vida diaria. Estos datos han sido presentados por el investigador Antonio Abellán, del Grupo de Investigación sobre Envejecimiento del CSIC.

Abellán apuntó que el factor cultural y económico es determinante, pues, "los mayores sin estudios tienen un riesgo dos veces mayor de desarrollar un problema de dependencia que aquellos que cuentan con estudios superiores".

Además, el papel de los ingresos económicos se pone especialmente de manifiesto en el caso de las mujeres, más afectadas por la dependencia ya que es más frecuente que ellas sean viudas o que vivan solas. Sin embargo, Abellán destacó que éste factor perderá importancia a raíz de la incorporación de la mujer al trabajo y del aumento de su capacidad adquisitiva.

En este foro se debatió sobre la futura Ley Básica de Protección de las Personas Dependientes que el Gobierno tiene previsto presentar el año que viene. Los expertos asistentes a la jornada destacaron que "la iniciativa privada será un elemento clave en la protección social de la población dependiente". La falta de recursos para garantizar cuidados formales a todas las personas que los precisen hace necesaria la contribución del sector privado.

Esa futura ley deberá contemplar, además, el hecho de que sólo una de cada cuatro personas dependientes recibe cuidados por parte de profesionales. La mayor parte de los casos son atendidos por "personas cuya dedicación no es ésta, pero que realizan este servicio por tener un vínculo, normalmente familiar, con el afectado", señaló Pilar González de Frutos, presidenta de UNESPA.