El Gobierno de Aragón va a incrementar a partir de mañana viernes un 4,5% el precio que paga por las plazas concertadas de discapacidad, sean de residencia o de centro de día. Así lo anunció ayer la consejera de Ciudadanía y Derechos Sociales, María Victoria Broto, instantes antes de mantener un encuentro con varias entidades sociales en Zaragoza junto a la ministra de Sanidad, María Luisa Carcedo.
El aumento de la inversión supondrá 697.000 euros para los dos últimos meses de noviembre y diciembre y casi 4,2 millones para el 2020. «Esta medida es fruto de un acuerdo a cinco años, que supondrá un incremento de un 9,5% del precio de las plazas para discapacidad, más una subida del IPC en los dos últimos años», detalló Broto, que reiteró el «compromiso» de la DGA con el cumplimiento de la Ley de la Dependencia.
A su lado estaba Carcedo y la consejera Broto no desaprovechó la ocasión para reclamar, una vez, más equidad en la financiación que da el Gobierno de España a las comunidades. «Siempre hemos mantenido una actitud reivindicativa y, aunque es verdad que ha aumentado la financiación con el PSOE en unos 6 millones, si se hubieran aprobado los presupuestos estaríamos hablamos de 15 millones más para dependencia», explicó Broto. Esta cantidad, según la consejera, hubiera permitido atender «a todas las personas» que están en lista de espera.
Personas en el «limbo»
La ministra Carcedo recogió el guante y apuntó, por un lado, que los presupuestos no se aprobaron «por el rechazo de la derecha y del independentismo» y, por otro, lamentó que dicha situación dejara sin sacar adelante 513 millones para las comunidades y la dependencia. «En cualquier caso, es voluntad de este Gobierno incrementar la aportación y contribuir a eliminar el limbo de la dependencia el que están unas 250.000 personas, que son quienes tienen el derecho reconocido pero no reciben la prestación de servicios», indicó Carcedo. La ministra recordó, pese a la situación complicada de la Ley de Dependencia, que desde el Gobierno central ya se ha asumido el pago de la cotización de la Seguridad Social a los cuidadores de familiares dependientes, que supone una partida de 315 millones de euros y que en Aragón, según dijo, ha beneficiado a 1.523 personas, de las que 880 son de la provincia de Zaragoza.
Por otro lado, la Asociación de Directores y Gerentes de Servicios Sociales exigió ayer la «urgencia» de que España desarrolle una Ley estatal de garantía de rentas mínimas para superar las «extremas diferencias» que existen entre comunidades. En este sentido, indicaron que según el último informe del Ministerio de Sanidad menos del 8% de los españoles que viven bajo el umbral de la pobreza recibe una renta mínima.
Carcedo reaccionó en Zaragoza a esta crítica y apuntó que el PSOE lleva en su programa electoral «la implantación de un ingreso mínimo vital en el ámbito estatal, que permitirá a las familias con menos rentas unos ingresos para garantizar la cobertura de sus necesidades básicas», dijo. También se refirió a esto el candidato del PSOE al Congreso por Zaragoza, Pau Marí-Klose, quien indicó que esperan que, en los próximos años, «en el marco del despliegue del ingreso mínimo vital la prioridad será en los primeros años la atención a las familias con niños y en particular a las familias con niños más pobres para ir corrigiendo esas anomalías que mencionan los directores y gerentes, que no nos las podemos permitir porque son absolutamente insólitas en un país con el desarrollo del nuestro», apuntó.
