El Gobierno de Aragón no se sumará a la decisión unilateral de Cataluña, País Vasco y Canarias de paralizar de inmediato la aplicación la Ley Orgánica de Calidad de la Educación (LOCE) y esperará a lo que disponga el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero. La consejera aragonesa de Educación, Eva Almunia, confió en que la suspensión de la ley sea una de las primeras medidas del futuro Gobierno central.
El PSOE anunció, mientras tanto, que el nuevo Gobierno decidirá antes de que comience el curso escolar qué hacer con la LOCE y apostó por una moratoria del calendario de aplicación. Después de que el tripartito catalán anunciara el pasado lunes la suspensión de las medidas de la LOCE que debían entrar en vigor el próximo curso, la responsable socialista en materia educativa, Carme Chacón, pidió respeto a las leyes y "tranquilidad".
El PSOE se ha comprometido a modificar los preceptos de la LOCE, aprobada en diciembre de 2002, que supongan un "retroceso" --como los itinerarios en la Educación Secundaria Obligatoria--, y a devolver el carácter voluntario a la Religión. Ante la controversia, Chacón explicó que la moratoria del calendario de aplicación de la ley --que el próximo curso preveía los itinerarios en tercero de ESO y el primer Programa de Iniciación Profesional (PIP)-- "será lo que tranquilizará las cosas hasta que se produzca una modificación o una derogación". Adelantó que el futuro Gobierno creará una comisión de estudio para analizar el grado de aplicación de la LOCE y la Ley de Universidades, y trabajará a una "velocidad de vértigo".
La consejera del País Vasco, Angeles Iztueta, expresó ayer la intención de su Ejecutivo de no aplicar esa norma y desarrollar una propia. También el Gobierno canario --de CC y Partido Popular-- recordó el comunicado que envió a los centros educativos hace dos semanas en el que explicaba que la planificación del próximo curso se efectuará conforme a la LOGSE --anterior a la Ley de Calidad--, salvo en la repetición de curso con más de dos suspensos y la elección de directores.
El resto de comunidades gobernadas por el PSOE se mostraron prudentes y esperarán la derogación del decreto de calendario, tal como manifestaron la consejera andaluza de Educación en funciones, Cándida Martínez, la vicepresidenta cántabra, Lola Gorostiaga, y responsables de Castilla-La Mancha y Asturias.
La consejera aragonesa, Eva Almunia, incidió en que es el Gobierno central el que debe retrasar la aplicación con un real decreto, y confió en que sea una de sus primeras medidas. "Esa noticia me gustaría que nos la dieran a los aragoneses", resaltó la consejera, quien recordó que el Gobierno autonómico recurrió muchos artículos de la ley ante el Tribunal Constitucional. Insistió en que tiene que ser el Gobierno central el que diga qué es lo que hay que hacer con la LOCE y no el Gobierno aragonés, al ser una ley orgánica.
